Andrés Corona Hernández*
Los problemas que se generaron en cascada por el recorte al presupuesto que hizo la Cámara de Diputados a lo que inicialmente solicitó el Instituto ,son los siguientes:
*Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01 Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
Están en curso las actividades de la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, a saber: nueve ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos Magistrados/as de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 464 magistrados/as de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, 386 jueces/as de Distrito y 15 magistrados/as de Salas Regionales del TEPJF, en total 881 cargos.
Con excepción de Bolivia, ningún otro país del mundo elige a integrantes del Poder Judicial, aun cuando sus promotores digan que en Estados Unidos y Suiza también se eligen, sí, pero con otras características que nada tienen que ver con el modelo boliviano y ahora mexicano. Elegir integrantes del Poder Judicial no hace al país el más democrático del mundo, sino, por el contrario, es politizar la justicia y, peor aún, partidizarla; en este caso, el remedio puede salir peor que la enfermedad.
Independientemente de todas las contradicciones que esta reforma constitucional tiene porque se hizo al vapor y han sido exhibidas por personas que se inscribieron y no adjuntaron documentos probatorios de la formación y experiencia, aún así están en la siguiente etapa; lo que demuestra la poca seriedad con que se está tratando este vital asunto en la conformación de un poder del Estado. Sin medir consecuencias no sólo legales, sino también operativas para el órgano electoral que se encarga de llevar a cabo la elección, el Instituto está metido en un brete de dimensiones incalculables.
Menos medidas de seguridad en la documentación electoral que la hace infalsificable.
Menos personal para realizar labores en campo y, por lo tanto, mayor carga de trabajo.
Menor número de casillas y, en consecuencia, menor participación ciudadana.
Boletas complejas para elección de la ciudadanía, etc.
Aunado a todos esos problemas ajenos al Instituto, aún no se sabe cuánto será el apoyo a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casillas seccionales; dice la presidenta de México que esos cargos son voluntarios, por lo que espero que haya mucha voluntad para que participe la ciudadanía sin apoyo económico.
Son las mismas actividades de un proceso electoral ordinario, pero acortado el tiempo de uno extraordinario, lo que requiere trabajar a marchas forzadas; un factor adicional que lo hace aún más incierto es la respuesta que tenga la ciudadanía a participar como funcionariado de las Mesas Directivas de Casilla, debido a que terminó un proceso electoral hace seis meses y, dependiendo de la experiencia del ciudadano, es como estará o no dispuesto a participar nuevamente en este inédito proceso electoral. Cito a la consejera del Consejo General Karla Humphrey: “… para esta elección se pide al ciudadano que jerarquice las candidaturas asignando un número progresivo de acuerdo con sus preferencias, pero ¿qué pasa con quien no sabe leer y escribir?”
Datos del Inegi dicen que las personas mayores de 18 años que no saben leer y escribir representan entre el 5 y 6 % de la población, justo quienes están en la lista nominal y en posibilidad de ejercer su derecho a elegir a integrantes del Poder Judicial. Si la lista nominal es de casi 100 millones de electores, el porcentaje anterior representa entre cinco y seis millones que no podrán ejercer su derecho a votar.
Finalmente, ya se aprobaron los prototipos de las boletas que se utilizarán en la elección del 1 de junio, falta todavía ver en la realidad lo complejo que será para el ciudadano hacer una elección responsable e informada, cuando las candidaturas serán completamente desconocidas, aunado al poco interés que se tiene para informarse de quién y para qué cargo está participando. Los promotores más entusiastas de esta reforma prevén la participación del 20 % de la lista nominal, lo que equivale a 20 millones de electores, y los más pesimistas no le apuestan ni al 10 %. Con todas estas circunstancias que rodean la primera elección de los cargos del Poder Judicial, estamos dando un salto al vacío.
