70 Aniversario | Hace 30 años Serafín Ortiz hizo un planteamiento adelantado a su época: la desaparición del Ministerio Público
En mayo de 1995 el académico e investigador de la UATx fue visionario con sus declaraciones sobre la pena de muerte, el rol de la policía y la ineficiencia de las comisiones de derechos humanos
MINISTERIO PÚBLICO, UNA FIGURA LACERANTE PARA LA SOCIEDAD
NO SIRVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS
La propuesta del académico de crear una sola organización sólida y eficaz en la defensa de los derechos humanos, en lugar de un mosaico de instituciones con escasa fuerza, sigue siendo una asignatura pendiente.
CRÍTICA DESDE LA ACADEMIA CON VISIÓN INTERNACIONAL
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Serafín Ortiz, investigador en Derecho y actual rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hizo una crítica visionaria sobre los Ministerios Públicos, la pena de muerte y el papel de las comisiones de derechos humanos en mayo de 1995. Fabiola Vázquez / El Sol de Tlaxcala
Han pasado 30 años de un planteamiento que fue polémico y generó reacciones negativas, pero hoy está demostrado que fue una declaración visionaria. En 1995, Serafín Ortiz Ortiz, actual rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), sostuvo que el Ministerio Público debería desaparecer en México, declaración que se cumplió con la transformación de la Procuraduría en Fiscalía General de Justicia y una reforma judicial que redefine el rol de los fiscales.
La afirmación que hizo Serafín Ortiz Ortiz, entonces coordinador de la División de Estudios de Posgrado en el área de Derecho de la UATx, quedó plasmada en las páginas de El Sol de Tlaxcala, específicamente en la publicación del 20 de mayo de 1995, en la que también habló sobre la pena de muerte, el rol de la policía preventiva, las autodefensas, la corrupción policiaca y la ineficiencia de las comisiones de derechos humanos.
La polémica, pero visionaria entrevista a Serafín Ortiz titulada “Retraso de un Siglo en Derecho Penal”, fue desarrollada y escrita por Máximo Hernández Cervantes, quien desde hace 22 años y hasta la fecha ostenta el cargo de director de El Sol de Tlaxcala.
El texto fue más que una nota, pues generó debate y reclamos de los implicados en el sistema de justicia mexicano, pero el sustento legal, la visión comparativa internacional y la experiencia del investigador en otros países para su estudio y estancias enfocadas en Derecho Penal, sustentaron su argumento, que hoy es una realidad institucional.
Hace tres décadas, Serafín Ortiz se atrevió a decir lo que muchos pensaban, pero pocos expresaban en público; sostuvo que en casi todos los países en el mundo occidental contaban con un Ministerio Público menos omnipotente que en México, donde la figura era lacerante para la sociedad, tenía que ver con el presidencialismo y fue creada para que el Poder Ejecutivo tuviera un control extraordinario sobre la sociedad, lo que implicaba un “marcado y espantoso retroceso”; el análisis cobró una renovada vigencia y el tiempo le dio la razón.
Agregó que lo correcto serían los jueces instructores, pues la facultad de juzgamiento debe quedar en sus manos, quienes se encuentran en el Poder Judicial, no del Ministerio Público, al que consideró un usurpador de funciones del Poder Judicial, pues ese ente no buscaba la justicia sino el control, por eso era necesario replantearlo desde su raíz.
Con el paso del tiempo, el sistema penal acusatorio ha avanzado hacia una mayor judicialización de los procesos, donde los jueces comienzan a recuperar su papel central en el juzgamiento. No es una transformación completa, pero sí una ruta que confirmó aquel planteamiento que parecía descabellado -como el propio Ortiz lo dijo en la entrevista-.
La crítica no se detuvo ahí, Serafín Ortiz fue contundente al desestimar el funcionamiento de las comisiones de derechos humanos, incluido el ente nacional, que calificó como órganos que no sirven por ser una figura moral y sus resoluciones no obligan a nadie a acatarlas.
Para Ortiz Ortiz estas instancias eran “maquillajes democráticos”, cuya función era más decorativa que efectiva por no tener facultades para sancionar. Esa crítica aplica al presente, pues actualmente las incontables recomendaciones de derechos humanos quedan sin cumplirse, porque estas instituciones -aunque necesarias- siguen sin contar con recursos jurídicos que las vuelvan vinculantes, por lo que en ese entonces expresó que los mexicanos no gozan realmente de instancias protectoras de sus garantías individuales.
Serafín Ortiz también habló de la pena de muerte como un castigo culturalmente superado, una forma de tormento inaceptable en un Estado de derecho. Denunció la incongruencia de que la Constitución aún contemplara la pena capital, cuando ningún código penal estatal la sancionaba efectivamente. Aquella “incongruencia jurídica”, como la llamó, es una muestra del anacronismo legal que hoy persiste en el país, normas que siguen por omisión, no por convicción.
Uno de los diagnósticos más duros, pero certeros, fue su análisis sobre la policía preventiva. “El policía es como el mesero, le pagan poco pero complementa con las propinas”, afirmó. Más allá de la crudeza de la frase, Ortiz evidenció un problema estructural, que fue la falta de profesionalización, vocación y dignidad laboral de las corporaciones policiacas. Actualmente, ese diagnóstico se sostiene por los bajos salarios, la improvisación y la formación deficiente que siguen marcando a gran parte de las policías estatales y municipales.
Lo que llamó la atención no fue la crudeza del académico, sino su vigencia. El país ha transitado hacia nuevas formas de impartir justicia, pero el acceso a ella sigue siendo desigual y estratificado. Como dijo Serafín Ortiz: “la justicia penal en México está hecha para los pobres, los feos y los marginados”, una frase incómoda, pero reveladora.
El especialista en derecho no hablaba desde el impulso de la denuncia superficial, sino desde una amplia formación académica. En 1995 contaba con el grado de Magister Scientiarum otorgado por la ONU en Ciencias Penales y Criminológicas, impartió diversas conferencias en varios países europeos y formó parte del padrón de investigadores del país; actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La voz que hace tres décadas anticipó reformas y exigió transformaciones no eran improvisadas ni del oportunismo mediático, surgieron desde la academia.
