La entrega esta vez fue realizada directamente en las escuelas, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset), dependencias responsables de organizar la adquisición y distribución de las prendas.
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En Tlaxcala la Ley contempla la entrega de uniformes gratuitos a alumnos de educación básica por parte del gobierno. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala
En 2017 el Congreso local aprobó la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica, Decreto que buscaba garantizar igualdad de condiciones entre los estudiantes de escuelas públicas y apoyar directamente la economía de las familias tlaxcaltecas.
Sin embargo, la norma permaneció durante más de seis años sin ser implementada hasta que en el actual sexenio, bajo la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, comenzó a ser una realidad.
La Ley, promulgada por el entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de noviembre de 2017, establece que cada inicio de ciclo escolar las niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria deben recibir gratuitamente un paquete completo de uniforme, que incluye falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y, en su caso, ropa deportiva.
En Tlaxcala por Ley el Gobierno debe entregar uniformes escolares gratuitos a alumnos de educación básica. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala
Además, la norma ordena que la entrega sea simultánea a la distribución de libros de texto gratuitos y sin ningún tipo de condicionamiento político o administrativo.
Fue hasta el ciclo escolar pasado (2024-2025) cuando la administración de Cuéllar Cisneros puso en marcha los primeros mecanismos para cumplir con la ley y, en ese entonces, por primera vez en la historia del estado el gobierno entregó vales a los Comités Escolares de Administración Participativa, con los cuales las comunidades educativas pudieron adquirir uniformes para estudiantes de educación básica y de los Centros Educativos de Bachillerato Estatal (Cebes).
En esa primera fase resultaron beneficiados 21 mil 733 estudiantes de 473 escuelas públicas, lo que representó un avance significativo frente a años de rezago. La medida fue bien recibida por madres y padres de familia, quienes reconocieron el alivio económico que representaba no tener que destinar recursos adicionales a la compra de uniformes.
Este año, el programa avanzó hacia una segunda etapa con una inversión de 18 millones de pesos, lo que permitió distribuir 36 mil uniformes escolares en 615 planteles de nivel básico y 20 Cebes de toda la entidad, y con ello, el beneficio alcanzó a más comunidades y consolidó la aplicación de una política pública que durante años había permanecido en el papel.
En este ciclo escolar las autoridades cumplen parcialmente con la entrega de uniformes gratuitos. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala
De acuerdo con la normativa, los uniformes deben ser sencillos, en colores neutros y libres de propaganda, a fin de garantizar neutralidad y uniformidad entre los estudiantes.
La falta de implementación durante los primeros seis años de vigencia de la ley generó críticas, ya que el Congreso había establecido desde 2017 la obligatoriedad de incluir en cada presupuesto de egresos un monto suficiente para su financiamiento; sin embargo, en los hechos, fue hasta el ciclo escolar pasado cuando las autoridades destinaron recursos para ello.
Para diversos sectores educativos y sociales, la puesta en marcha del programa representa no sólo el cumplimiento de una deuda pendiente, sino también un paso hacia la igualdad en el acceso a la educación, sobre todo porque, a decir de las autoridades, el uniforme gratuito ayuda a que ningún estudiante se sienta en desventaja frente a sus compañeros y al mismo tiempo apoya a las familias que muchas veces deben elegir entre comprar útiles o ropa escolar.
La Ley también establece la creación de un padrón único de beneficiarios que debe actualizarse cada ciclo escolar, con el fin de garantizar transparencia en la entrega y evitar su uso con fines políticos o de lucro; además, dice que debe haber informes sobre la aplicación del programa, que deben ser presentados cada año ante el Congreso local.
