Durante años, habitantes de Tlaxcala, principalmente mujeres de la parroquia de Tepetitla, reunidas en la Coordinadora por un Atoyac con Vida, denunciaron cómo la contaminación del río estaba enfermando a las comunidades cercanas a su cauce. Rechazadas por sus vecinos y desdeñadas por las autoridades, al final lograron, con el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés, que la CNDH les diera la razón
Silvia Isabel Gámez / Periodismo de lo Posible
Fueron tachadas de chismosas, de mitoteras. Les cerraron las puertas de la iglesia e incluso de su comunidad; durante años, estas mujeres denunciaron que la contaminación del río Atoyac, en Tlaxcala, estaba envenenando a las personas que vivían en sus riberas, pero a pesar de la espuma blanca que se acumulaba en sus orillas, y el olor fétido de sus aguas, la gente no les creía.
Desde 2003, este grupo de mujeres, habitantes de comunidades cercanas al río, empezó a organizarse en la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) para denunciar la devastación socioambiental que comenzaba a gestarse en su cauce debido a factores como la industrialización acelerada de la región y el aumento poblacional, que en Tlaxcala creció, entre 1970 y 2015, el 303%.
Según cifras oficiales, en la cuenca del Atoyac-Zahuapan la tasa de mortalidad por cáncer es 13.5 veces mayor que el promedio nacional. También se ha registrado un alto número de casos de insuficiencia renal y de abortos espontáneos.
Hoy, cuando uno observa el Atoyac, su caudal semeja un arcoíris por los vertidos tóxicos de las empresas, a los que se suman las descargas domiciliarias. Pero hubo un tiempo en que las aguas eran “bonitas”, dice Isabel Cano, Chabe, originaria de Tepetitla, y la gente se reunía en las orillas para lavar y convivir.
“Conocí el río con sus árboles, con mucha vegetación, sus pajaritos, sus conejitos, sus patos, sus peces, sus acociles, sus sapos, sus ranas. Todo eso era vida”, recuerda la ama de casa de 73 años.
Con una longitud de 125 kilómetros, el Atoyac atraviesa municipios de Tlaxcala como Nativitas, Tepetitla y Xicohtzinco, y de Puebla como Santa Rita Tlahuapan, San Martín Texmelucan y Huejotzingo, hasta desembocar en el río Balsas. Según datos del Inegi, en la cuenca Atoyac-Zahuapan estaban instaladas en 2017 un total de 20 mil 402 empresas manufactureras, de las que 9,068 se ubicaban en Tlaxcala.
Los primeros intentos para defender el Atoyac, cuenta Laura Méndez, integrante de la coordinadora, se fortalecieron cuando en 1990 llegaron a la parroquia de Tepetitla los sacerdotes Armando Rodríguez y Rubén García. “Reflexionando en el Evangelio, nos ayudaron a mirar estas dolorosas realidades, y sembraron la semilla liberadora para organizarnos y levantar la voz”.
En febrero de 2002, tras realizar un diagnóstico de los problemas que había en las comunidades, se creó el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), enfocado a la lucha por el bien común. Ocupaba una pequeña oficina con una mesa, una computadora y un banco, y se sostenía con las limosnas que recolectaban los sacerdotes en las misas.
Para entonces, la contaminación ya había convertido al Atoyac en un río “agonizante”. Alicia Lara Vázquez, habitante de la comunidad de Santiago Michac, en el municipio de Nativitas, fue una de las médicas que advirtió sobre el peligro que representaban para la salud los vertidos tóxicos.
“Mercurio, cromo, arsénico, incluso estamos hablando también de cloroformos, de bromuros, de tolueno; entonces, hay varias sustancias químicas que, combinadas, pues nos afectan gravemente”, señaló la doctora y también integrante de la coordinadora, fallecida en 2023.
Cuando las mujeres acudían con las autoridades municipales a denunciar la creciente contaminación del río, “nos llamaban locas”, dice Laura, originaria de Tepetitla. Así que buscaron el apoyo de científicos como Inés Navarro González, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien a su vez les recomendó contactar a Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, también de la UNAM, para investigar cómo afectaba el río a la salud de la población.
Un grupo de habitantes se comprometió a reunir muestras del agua de sus casas, por la mañana y en la tarde, para determinar el nivel de contaminación. Cada día, a la misma hora, llenaban un tubo de cristal, lo etiquetaban y lo entregaban. La conclusión de la doctora Regina fue que en las comunidades cercanas al río había un riesgo de genotoxicidad cuatro veces mayor que en las más alejadas.
Con el resultado de los estudios científicos, la investigadora, junto con integrantes de la CAV y el CFJG, solicitaron en 2012 una cita con el director del Instituto de Pediatría de Tlaxcala. Su respuesta desató enojo y frustración. “El señor nos dijo: ‘Aquí no hay ningún problema; los casos de leucemia se deben a que se casan entre primos y por eso tienen hijos enfermos”, cuenta Regina.
Pero esa falta de empatía no las desanimó: pintaron bardas, organizaron marchas, conferencias, talleres y foros. Documentaron enfermedades y fallecimientos, y buscaron alternativas ecológicas como baños secos y calentadores solares. También presentaron demandas ante tribunales.
En abril de 2008, organizaron una caravana como parte de una campaña en defensa del agua. Recorrieron las comunidades de la ribera del Atoyac en carros, con altavoces, incansables en su denuncia y su llamado a la acción: “¡El agua es la vida, la tierra nos la dio, paremos en conjunto la contaminación!”, era uno de sus lemas.
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Al mismo tiempo, crecieron el acoso, las burlas y el menosprecio hacia la coordinadora. Los sacerdotes Armando y Rubén fueron expulsados de sus parroquias por petición de los pobladores.
“A nosotras nos cerraron los espacios. Ya no nos dejaron entrar ni a misa”, cuenta Laura. “Nos seguían diciendo locas, chismosas, y nos acusaron de estar sembrando el miedo en las comunidades”.
Los ataques calaron en la CAV, cuyos miembros disminuyeron. De los 60 originales, solo quedaron once. Mientras tanto, la contaminación del río aumentaba y también las enfermedades: “Era de cada día enterarnos de vecinos jóvenes con piel amarilla e hinchados de la cara que se tenían que hacer hemodiálisis, gente con manchas en la piel, y niños rapados con leucemia”, señala Laura, quien es ama de casa.
Una de las personas que enfermó era Zulma, la primogénita de Chabe. Sufrió resfriados y dolor de garganta y, después de tres días con temperaturas muy altas, el médico familiar les recomendó que acudieran con un hematólogo. Los estudios revelaron que la maestra de preescolar, una joven de 33 años, padecía leucemia mieloide crónica, un cáncer que afecta a la sangre y la médula ósea.
Comenzó entonces el peregrinar de Zulma y su madre a la Ciudad de México, para que pudiera ser atendida en el Instituto Nacional de Cancerología. Salían de Tepetitla a las tres de la mañana para llegar a las siete a su consulta semanal, hasta que encontraron un albergue cercano al hospital, donde solo les cobraban diez pesos e incluía la comida.
Durante año y medio, Zulma recibió quimioterapia y medicamentos, pero su salud no mejoró. “Empieza uno a decir: ¿dónde está Dios, por qué este abandono, por qué hiciste muchos milagros y mi hija no puede sanar?”, lamenta Chabe. Unos días después de que recibió el alta del hospital, la temperatura de Zulma volvió a subir, y ya no se recuperó. Murió en 2010, a la edad de 34 años.
Chabe recibió consuelo de sus compañeras de la coordinadora, del CFJG, y de los sacerdotes Armando y Rubén, pero durante muchos meses permaneció alejada. “Pasó tiempo hasta que volvió a hablarnos. Nos dijo que en esas visitas comenzó a ver a Dios que le llamaba, y que tenía para ella una misión”, recuerda Laura.
Uno de los objetivos de Chabe era que la muerte de su hija no quedara impune. Con su permiso, la CAV y el CFJG tomaron el caso de Zulma para demostrar cómo el río estaba matando a la población. Reunieron sus estudios médicos, cada nuevo diagnóstico y las recetas de sus tratamientos, que sirvieron de base para la queja que interpusieron en 2011 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante años, aportaron nueva información, junto con testimonios de habitantes, y acompañaron a los visitadores del organismo a los lugares donde había descargas industriales. Los investigadores que estudiaron el Atoyac entregaron también sus informes.
Seis años después, las integrantes de la coordinadora se sentían cansadas y desesperanzadas por no ver avances, llegaron incluso a pelearse por la frustración de no poder cambiar las cosas. “[En los pueblos] solo hacían caso si lo decían las investigadoras, no nosotras, mujeres de la comunidad o campesinas.
Hasta en nuestras familias nos cuestionaban que para qué seguíamos en esa lucha perdida”, dice Laura.
Ya estaban a punto de disolver la CAV, cuando el 21 de marzo de 2017 la CNDH reconoció que la contaminación de los ríos Atoyac, Zahuapan y Xochiac representaba una amenaza para la salud de quienes habitaban en sus riberas, más de 2.3 millones de personas. En su recomendación 10/2017, el organismo remite a estudios que establecen los altos niveles de plomo y arsénico hallados en sus aguas.
“Al conocer el veredicto, comenzamos a emocionarnos”, recuerda Laura. “Aunque las del grupo ya casi no nos hablábamos, rompimos el silencio y nos llamamos por teléfono”.
La CNDH determinó también la responsabilidad de la Semarnat y la Conagua, y de los gobiernos estatales y municipales, por haber sido omisos e ineficientes para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, y al acceso a la información.
“Para nosotros fue, pues, como increíble, eso nos dio mucho ánimo; de ahí ya dijimos, pues tenemos que continuar”, dice Rebeca Juárez, ama de casa e integrante de la CAV.
Pero, casi una década después, a pesar de los estudios científicos, de la recomendación de la CNDH y de las numerosas víctimas, el Atoyac sigue cada vez más contaminado. En 2025, según cifras de la Conagua, las descargas irregulares aumentaron 160%.
El pasado octubre, un grupo de investigadores, ambientalistas y organizaciones sociales hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores de Tlaxcala y Puebla, a centrarse en las causas de la contaminación.
Un diagnóstico realizado en 2025 por la Conagua señala que, en el Atoyac y el río Zahuapan, existen 2 mil 850 descargas ilegales y 250 plantas de tratamiento, de las que 87 no funcionan.
El organismo decidió no atender, en una primera fase, la zona donde la industria vierte sus residuos tóxicos, y centrarse, con un presupuesto de alrededor de 300 millones de pesos, en el área del Zahuapan donde las descargas son domiciliarias.
Lo anterior es considerado insuficiente para detener la devastación socioambiental, pues no atiende la raíz del problema, que es la contaminación industrial del agua, el aire y la tierra.
“No hay justicia social sin justicia ambiental”, aseguran sus integrantes; por eso mantienen viva la lucha por la defensa del río. Chabe permanece a su lado, con la imagen de Zulma siempre presente.
“Yo le dije, ahora sí, Zulma, ya no te voy a llorar”, recuerda su madre. “Ya no, mija, voy a seguir luchando por ti y le vamos a dar vida a otros seres”.
Esta historia es una versión escrita basada en el pódcast “Tlaxcala: Defender el río y la vida”, cuya investigación y guion fueron realizados por la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Laura Méndez Rivas y José David López Santos. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.
