Esta nueva dependencia será la encargada de planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas y fiscalización
Jesús Lima
Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado creó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual asumirá las funciones de la Secretaría de la Función Pública y del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), con lo que los legisladores concretaron la armonización de la disposición federal en materia de transparencia.
Con lo anterior, la propuesta que presentó el pasado 15 de mayo la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, fue avalada por los legisladores como consecuencia de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
En este sentido, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la encargada de planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización, anticorrupción e inspeccionar el ejercicio del gasto público del Estado y su congruencia con el presupuesto de egresos.
Aunado a lo anterior, esta nueva dependencia impulsará la modernización de la administración pública estatal, así como ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que entre sus facultades y responsabilidades estará el de “garantizar y proteger” el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como vigilar el desempeño de funcionarios y servidores públicos, entre otras.
Por otro lado, la nueva secretaría tendrá la facultad de nombrar y remover a las personas titulares de los órganos internos de control y de aquellas personas servidoras públicas adscritas a dichos órganos, de ahí que dicha disposición será aplicable en las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, entidades de la administración pública estatal y unidades de responsabilidades o equivalente en las empresas productivas del Estado.
Asimismo, deberá impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos en formatos accesibles a la ciudadanía, vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital y las de datos abiertos de la Administración Pública Estatal, así como conocer e investigar de las conductas de las personas servidoras públicas y de particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas, entre otras, para ejercer acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.
De igual forma, deberá llevar el registro de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, de las actas de entrega recepción de sus cargos y de las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas a ellas o a los particulares, así como recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentarse y verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten.
Por otro lado, dentro de los 45 días posteriores la persona titular del Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto para la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, además de que la Secretaría de Finanzas verificará la viabilidad de otorgar recursos financieros a dicho organismo para su debido funcionamiento.
Además, al frente del órgano administrativo desconcentrado estará un director responsable, quien contará con el personal que al efecto se autorice para su debido funcionamiento, para lo cual el Ejecutivo realizará las adecuaciones y reorganización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instruyendo a las instancias competentes la realización de las adecuaciones presupuestales necesarias.
DATO
Dentro de los 45 días próximos la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros deberá expedir las reformas a los reglamentos interiores correspondientes.
