Darán hasta 66 años de cárcel por homicidio contra trabajadores de la educación
El Congreso local también avaló imponer de seis meses a dos años de prisión a quien presente denuncias falsas
Tlaxcala, 28 de marzo de 2026
El Congreso local también avaló imponer de seis meses a dos años de prisión a quien presente denuncias falsas
Jesús Lima
Para protegerlos y prevenirlos de delitos, lesiones y homicidio, el Pleno del Congreso del Estado avaló imponer penas de hasta 66 años de cárcel a quien cometa homicidio en contra de una persona trabajadora de la educación, cuando se haya consumado en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, puesto que el Código Penal actual establece de 20 a 50 años de prisión a quien cometa homicidio calificado y multa de mil 440 a tres mil 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Aunado lo anterior, los legisladores locales también avalaron, por unanimidad de votos, imponer de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 300 UMAs a quienes presenten denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes en contra de los trabajadores de la educación.
Sin embargo, la pena se incrementará en una mitad cuando la persona denunciada sea servidora pública o trabajadora de la educación y con motivo de la misma sea suspendida o cesada de su cargo o comisión, además de que cuando las lesiones sean cometidas en contra de una persona trabajadora de la educación, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena impuesta se incrementará en un tercio.
Ante los secretarios generales de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cutberto Chávez de la Rosa y Brígida Teresa Meneses Morales, respectivamente, así como de representantes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los legisladores apoyaron dicha enmienda.
En su momento, la diputada Engracia Morales Delgado, una de las impulsoras de esta iniciativa, manifestó que con estas disposiciones revaloran la función docente, además de que establecen criterios que permitirán al trabajador de la educación tener certeza y seguridad personal en la realización de sus funciones.
En este sentido, la legisladora reveló que esos hechos violentos provienen, en su mayoría, de los propios estudiantes y, en otros casos, de otros miembros de la comunidad educativa o padres de familia, lo cual es una realidad que afecta profundamente el entorno laboral y la salud emocional del profesorado, además de que los dejaba vulnerables y exponía a diversos tipos de ataques que han evolucionado y se han ampliado con el crecimiento de la tecnología.
De igual forma, lamentó que las redes sociales permitan a estudiantes ejercer intimidación hacia sus profesores de manera rápida y amplia, sin prever las consecuencias profesionales, sociales y familiares que estos actos pueden generar en los docentes, tal como sucedió en meses pasados con el homicidio doloso de un profesor de nivel medio superior y superior, quien fue privado de la vida, presumiblemente, por un joven estudiante y su progenitora; un crimen atroz que no puede quedar en la impunidad o la injusticia.
Con lo anterior, aseguró, han establecido un marco jurídico que brindará certeza, respaldo institucional y protección integral a las y los ciudadanos, servidores públicos y trabajadores de la educación que enfrenten este tipo de situaciones, puesto que en los centros educativos se presentan un sinnúmero de casos de denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes, argumentos basados en el dolo, con la finalidad de generar afectaciones en el prestigio de los trabajadores de la educación, que llegan a transgredir su integridad profesional y emocional.
En su momento, Cutberto Chávez de la Rosa, secretario general de la Sección 31, celebró la aprobación de los diputados locales, pues de esta manera protegerán a los docentes de ataques en su contra que solo buscaban denostar su labor e imagen, pues ahora quien los acuse deberá probar los hechos.
En entrevista, reconoció la disposición de los diputados Ever Alejandro Campech Avelar, Bladimir Zainos Flores y Engracia Morales Delgado para que esta reforma y agregado al Código Penal sea un hecho en beneficio de todos los trabajadores del sistema educativo de Tlaxcala.
De igual forma, lamentó que en muchas ocasiones los docentes que tenían hasta 40 años de servicio íntegro eran denostados con llamadas y acusaciones falsas, de ahí que ahora eso ya no podrá ser si no es comprobado, pues de lo contrario quien lo haga recibirá la pena correspondiente.
Precisó que hasta el momento el magisterio ha registrado más de 100 casos que han sido denunciados, de los cuales el 80 % ha sido falso, y se han presentado en preescolar, primaria, secundaria, secundaria general y técnicas, por lo que ya trabajan en un programa junto con la Secretaría de Educación Pública del Estado para que los protocolos tengan un seguimiento claro, oportuno y muy preciso, no solamente en beneficio los docentes, sino también de los alumnos y padres de familia.
Finalmente, sostuvo que si algún caso denunciado es demostrado, no “defenderán lo indefendible, pues nunca jamás, como sindicato, defenderán a nadie, pero lo haremos en los hechos”.
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que durante el pasado ciclo escolar fueron registrados más de 90 casos de agresiones directas contra maestros en la entidad, un fenómeno que se replicó conforme a las estadísticas nacionales.
