La especialista María del Carmen Nava alertó sobre la extinción de autonomías y la importancia de preservar la memoria institucional en México
Fabiola Vázquez
La desaparición de los institutos de información y transparencia en el país es un retroceso de 40 años que dejó desprotegida a la población al momento de solicitar datos valiosos, aseguró María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y politóloga reconocida por su activismo en materia de gobierno abierto.
Este viernes, en la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la especialista impartió la ponencia “Simplificación orgánica y transparencia: lo que las universidades deben saber de la Reforma 2025”, evento organizado por la Coordinación de Información y Transparencia de la casa de estudios.
En la charla, la ponente aseguró que el tema tiene gigantescos retos y consecuencias directas en la vida democrática del país. Aseguró que México enfrenta un momento complejo, pues la pandemia marcó un retroceso de 40 años en términos democráticos, se vive una concentración del poder y la desaparición de instituciones garantes de derechos humanos.
La comisionada explicó que, tras la reforma del 20 de diciembre de 2024, el país atraviesa un proceso de reconfiguración institucional que extingue al antiguo Sistema Nacional de Transparencia, que integraba a 33 organismos garantes, lo cual dio paso a una nueva estructura que a su vez multiplica los entes responsables de garantizar el acceso a la información.
Pasamos de 33 instituciones autónomas a casi 150 garantes locales, esto puede parecer un avance, pero en realidad complica a la ciudadanía saber dónde pedir información o con quién quejarse, se pierde el criterio uniforme y la certezaMaría del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
Precisó que la transparencia no solo protege la rendición de cuentas, también la vida y la salud, en casos como las construcciones colapsadas en el sismo del 19 de septiembre de 2017 o en la contaminación del agua en la Ciudad de México, en los cuales la información se clasificó durante meses antes de reconocer públicamente la crisis.
Indicó que la opacidad también mata, pues cuando no hay información oportuna se ponen en riesgo vidas y derechos fundamentales de las personas. Nava Polina destacó el papel crucial de las universidades autónomas ante el nuevo escenario, dijo que en México existen 41 instituciones de educación superior con autonomía, que ahora tendrán la responsabilidad de garantizar y proteger el derecho de acceso a la información dentro de sus propios marcos institucionales.
Las universidades pueden ser islas de transparencia, espacios donde se preserven la apertura, la memoria y la rendición de cuentas, desde el semillero del conocimiento podemos reconstruir el tejido democráticoMaría del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
Respecto a Tlaxcala, detalló que con 17 años de experiencia en materia de transparencia enfrenta el reto de definir un nuevo marco normativo tras la extinción de su órgano garante local, pues es una oportunidad para que la legislatura local decida si preservan o deterioran los derechos de la ciudadanía.
En su mensaje, la ponente lamentó sobre la pérdida del acervo documental y digital acumulado durante más de dos décadas por los organismos autónomos desaparecidos, así que presentó el proyecto “Huellas electrónicas”, una iniciativa que busca resguardar y poner a disposición pública los archivos históricos de la transparencia, con la colaboración de distintas entidades federativas.
“Los archivos son memoria viva, su destrucción es un delito, pero también una pérdida irreparable para el país”, advirtió la especialista e invitó a la comunidad académica de la UATx a involucrarse en proyectos de investigación y resguardo documental.
Previo a la conferencia, Alfredo Adan Pimentel, coordinador general del staff de rectoría, reconoció la experiencia de la ponente en temas de simplificación orgánica y transparencia, aspectos en los que hay reformas constantes, lo cual obliga a los universitarios tener conocimiento y estar actualizados, mientras que las universidades deben tomar en cuenta ese aspecto para la aplicación y generación de saberes en el marco de una cultura de transparencia y rendimiento de cuentas.
En su intervención, Mauro Sánchez Ibarra, secretario de rectoría, acotó que la actividad atiende el análisis, reflexión, diálogo y argumentación para la apropiación del conocimiento con el objetivo de entender y atender la problemática social, cultural, económica, política y ambiental relacionada con la información que se genera en los centros de investigación y espacios universitarios.
Finalmente, dijo que el tema de simplificación orgánica y transparencia obliga a resolver de manera adecuada la incertidumbre que priva por desconocimiento o falta de información, así que la charla fue para que los estudiantes formen una cultura de legalidad en el conocimiento de transparencia, rendición de cuentas y el derecho a saber.
