En la mayoría de los casos se debe a cobros inconstitucionales relacionados con el alumbrado público, suministro de agua potable y acceso a información gubernamental
Karla Muñetón
Por lo menos desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha mantenido un criterio constante de invalidez respecto a diversos preceptos a las leyes de ingresos de los municipios de Tlaxcala, al detectar cobros contrarios a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, así como vulneraciones a derechos humanos como la seguridad jurídica y el acceso a la información pública.
De acuerdo con resoluciones del máximo tribunal en el país, los ayuntamientos tlaxcaltecas, así como el Congreso local al momento de su aprobación, han incurrido en prácticas reiteradas de establecer contribuciones calificadas como inconstitucionales, principalmente en servicios de alumbrado público, suministro de agua potable y acceso a información gubernamental.
A pesar de los reiterados llamados que el máximo tribunal ha hecho al Congreso local y a los ayuntamientos, el Legislativo y los municipios han reincidido en la aprobación de prácticas que afectan directamente a los contribuyentes, quienes se ven obligados a enfrentar impuestos y derechos, según la SCJN, sin sustento legal ni proporcionalidad.
En 2018, la SCJN invalidó artículos de las Leyes de Ingresos de municipios como Chiautempan, El Carmen Tequexquitla, Ixtacuixtla, Mazatecochco, San Lorenzo y de los propios municipios del estado de Tlaxcala, tras confirmar que establecían un cobro indebido por el servicio de alumbrado público, calculado en función del consumo de energía de cada usuario, lo que vulneraba derechos como el mínimo vital y la proporcionalidad de las contribuciones.
Un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nuevamente promovió acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de ingresos de Apizaco, Nativitas, Panotla y Tlaxcala, y el reclamo se centró en la falta de competencia para imponer cobros vinculados al acceso a la información pública.
En 2020, la CNDH otra vez llevó ante la SCJN la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala; sin embargo, el asunto fue sobreseído sin entrar al fondo al estar fuera de los tiempos legales en los que fueron aplicados los cobros, de ahí que no hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad.
Para 2022, la SCJN amplió sus resoluciones al invalidar disposiciones de nueve municipios, entre ellos Chiautempan, Xaltocan, Calpulalpan y Hueyotlipan, al señalar cobros ilegales en servicios de alumbrado, agua potable y acceso a la información.
En 2023, el pleno del máximo tribunal anuló artículos de la Ley de Ingresos del municipio de Tlaxcala que fijaban tarifas desproporcionadas por copias de documentos, alumbrado público y suministro de agua potable, y la Corte incluso exhortó al Congreso local a abstenerse de aprobar normas con los mismos vicios de inconstitucionalidad.
La tendencia se mantuvo en 2024, cuando fueron invalidadas leyes de ingresos de 18 municipios, incluidos Huamantla, Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala y Totolac, nuevamente por cobros indebidos relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
En su resolución más reciente, la SCJN declaró inconstitucionales diversos artículos de las leyes de ingresos 2025 de Apetatitlán, Teolocholco, Contla, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco, al considerar ilegales multas por sorteos, tarifas de agua potable y la redacción ambigua de sanciones administrativas que abrían margen a la discrecionalidad de las autoridades.
