El nuevo órgano garante formalizó el listado de dependencias, organismos y municipios responsables de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales
Karla Muñetón
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo, emitió oficialmente el Padrón de Sujetos Obligados de su competencia, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad.
El acuerdo, firmado por Norberto Sánchez Briones, director de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y deriva de las recientes reformas constitucionales federales y locales en materia de simplificación orgánica y transparencia, que establecieron la extinción de los institutos autónomos de acceso a la información.
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Con esta medida, queda formalizado que las contralorías y órganos homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los municipios, serán las autoridades garantes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en armonía con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El padrón integra a dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, fideicomisos, empresas de participación estatal, así como a los 60 municipios del estado y comisiones municipales de agua potable.
Entre las dependencias enlistadas se encuentran secretarías clave como Salud, Educación, Finanzas, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, además de instituciones como universidades públicas y sistemas estatales.
Asimismo, el acuerdo establece que la actualización del padrón será permanente y estará disponible para consulta pública en la página institucional de Transparencia para el Pueblo, con el fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre qué autoridades están obligadas a transparentar la información que generan y resguardan.
El documento también señala que los entes públicos que aún no cuenten con clave de registro en la Plataforma Nacional de Transparencia deberán regularizar su situación y podrán solicitar apoyo técnico al nuevo órgano garante estatal.
Precisa que, en caso de fusión, extinción o cambio de adscripción de algún sujeto obligado, éste deberá mantener publicada su información por al menos un año y garantizar la atención de solicitudes y recursos en materia de transparencia, asegurando así la continuidad del derecho de acceso a la información en Tlaxcala.
El acuerdo precisa que, tras la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, serán las contralorías internas o sus equivalentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, las responsables de fungir como autoridades garantes en materia de transparencia y protección de datos personales, cada una dentro de su ámbito de competencia.
En el caso del Poder Ejecutivo, la responsabilidad recae en las dependencias centralizadas, órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, atender solicitudes de acceso a la información y salvaguardar los datos personales que obren en sus archivos.
Para el Poder Legislativo, las instancias internas encargadas del control y vigilancia administrativa asumirán la función de garantizar que el Congreso del Estado y sus áreas administrativas transparenten la información relacionada con su ejercicio presupuestal, procesos legislativos, acuerdos parlamentarios y demás actos de autoridad.
En tanto, el Poder Judicial será responsable, a través de sus órganos de control y áreas administrativas competentes, de asegurar el acceso a la información pública generada por los tribunales y juzgados, así como de proteger los datos personales contenidos en expedientes judiciales, conforme a los principios establecidos en la Constitución y la legislación general en la materia.
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