Adrián Pérez Pérez lleva casi siete años esperando justicia; denuncia negligencia municipal, corrupción y omisiones judiciales
Armando Pedroza / Corresponsal
“Soy ciudadano, tengo derechos. No estoy pidiendo limosna, estoy pidiendo justicia”, concluye.
Han pasado casi siete años desde que Adrián Pérez Pérez sufrió un accidente vehicular al transitar por la calle Maxixcatzin, en la comunidad de San Miguel Tlamahuco, municipio de San Juan Totolac, tras caer a una zanja de obra de drenaje sin señalización preventiva.
Y es que aquella noche del 18 de octubre de 2018, bajo una lluvia torrencial y con escasa visibilidad, al conducir su camioneta Envoy GMC modelo 2003 sufrió el percance, pero eso no fue todo, la grúa que lo auxilió dañó más el vehículo al realizar el arrastre de rescate.
El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Adrián se dirigía a su hogar después de sus labores cotidianas, sin saber que la calle estaba parcialmente abierta por obras. La falta de señalización y de alumbrado público hizo inevitable el accidente. “Ese día llovía demasiado fuerte. No había ni una cinta, ni un señalamiento, ni un cordón... nada. Simplemente caí”, narró Adrián Pérez, visiblemente frustrado por el prolongado proceso legal.
La situación se agravó cuando la camioneta fue rescatada por una grúa de arrastre, en lugar de una grúa con pluma. Según Adrián, las maniobras inadecuadas al jalar lateralmente el vehículo con cables de acero provocaron daños graves en la carrocería y en el sistema de combustible, entre otros desperfectos. Luego, el vehículo fue trasladado al corralón, donde el afectado tuvo que pagar la liberación de su unidad.
Tras el incidente, Pérez Pérez interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes contra el ayuntamiento por negligencia al no colocar señalamientos preventivos e indirectamente por los daños que ocasionó el operador de la grúa, que fue solicitada directamente por los elementos policiacos. En ese entonces, Giovanni Pérez Briones era el alcalde en turno del municipio.
Sin embargo, lejos de encontrar respuestas, el ciudadano ha enfrentado una serie de obstáculos administrativos y legales. La llegada de una nueva administración municipal en 2021, encabezada por Ravelo Zempoalteca Enríquez, coincidió con la “pérdida” del expediente de obra y de otros documentos clave para el caso. “Fuimos al ayuntamiento, al juzgado, a infraestructura, a fiscalización... y nadie tiene pruebas de que esa obra se haya hecho, aunque todos en la comunidad saben que se realizó”, explicó Pérez.
Adrián afirma que ha solicitado en repetidas ocasiones que se obligue al ayuntamiento, actualmente a cargo de Benjamín Atonal Conde, a entregar el expediente técnico de la obra, pero ha recibido largas y evasivas como respuesta. Incluso asegura que la obra fue realizada directamente por el municipio y no con recursos estatales, lo que debería facilitar la localización del expediente. “El juez tiene la obligación de exigir esa documentación, pero parece que nadie quiere mover nada”, lamenta.
A lo largo del proceso, afirma que ha invertido en asesoría legal cerca de 79 mil pesos, mil pesos mensuales; aunado a los 80 mil pesos que ascendería la compostura de la camioneta que sigue varada en el estacionamiento del inmueble propiedad de Adrián Pérez.
La frustración de Pérez Pérez no es sólo económica. Lo que más le molesta, dice, es la sensación de abandono por parte de las autoridades. “Yo trabajé como policía municipal, conozco cómo se manejan las cosas. Esto es una corrupción total. Siete años para resolver un caso que es claro. Nadie asume responsabilidad, y el ciudadano es el que termina pagando”.
Recientemente, dijo, se comunicó con la presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, con la esperanza de reactivar el proceso. “Pedimos simplemente que se reconozca la obra, que se entregue el expediente, que se valore el daño y que se haga justicia. No puede ser que digan que no hay pruebas cuando todos vimos esa calle abierta”, enfatiza.
La historia de Adrián Pérez es el reflejo de lo que ocurre cuando se combinan negligencia institucional, falta de voluntad política y un sistema judicial lento. Hoy, su exigencia es clara: que el Ayuntamiento y las autoridades competentes reconozcan su responsabilidad y se proceda a la reparación del daño.
En Tlaxcala, si un vehículo resulta dañado a causa de una obra pública sin señalización preventiva, procede una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta acción legal está basada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 113, fracción III) y en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala.
