En este año, el organismo autónomo llevó a cabo visitas de inspección y ofreció observaciones de mejora a las autoridades municipales
Nadia Mendoza
Derivado de las visitas de inspección en este 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) observó que 32 municipios de la entidad incumplen las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene en sus centros de detención preventiva.
De hecho, el organismo enfatizó la necesidad de realizar supervisión de manera periódica a estos espacios, con el fin de proteger la dignidad humana de las personas que se encuentran privadas de su libertad, garantizar su derecho a la vida, integridad, seguridad personal, trato digno, alimento, salud, legalidad y seguridad jurídica, así como su derecho a no ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Antes, la institución confirmó que en este ejercicio fiscal, el 95 % de los municipios cuenta con un área habilitada para resguardar a personas detenidas, sólo San Damián Texoloc, Tetlatlahuca y Xicohtzinco aún no cuentan con sus centros de detención.
En este orden, en el rubro de habitabilidad e higiene, los municipios cumplieron de manera general en un 70%; los elementos básicos en los centros de detención son cama, colchón, espacios para dos o más detenidos, cobija, sanitario al interior o al exterior, lavamanos, contar con agua potable, regaderas, drenaje, luz natural, luz artificial y ventilación.
Las demarcaciones que no cumplieron con las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene fueron Amaxac, Apizaco, Acuamanala, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Chiautempan, Españita, Hueyotlipan, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Nanacamilpa, Panotla, Sanctórum, San Damián Texoloc, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Tepeyanco, Tlaxcala, Tlaxco, Totolac, Xaltocan, Xicohtzinco, Zacatelco y Ziltlaltepec.
La CEDH indicó que en los espacios específicos atienden la separación de áreas exclusivas para hombres, mujeres y personas de la comunidad de la diversidad sexual. El 65% de los municipios cuentan con espacios exclusivos para custodiar a mujeres en condición de detenidas, y 30% dispone de espacios para custodiar personas de la diversidad sexual.
En el informe de las revisiones 2025, la Comisión precisó que el 48% de los municipios cuentan con rampas y adecuaciones para el ingreso de personas con discapacidad. Quienes carecen de dicha infraestructura son Acuamanala, Amaxac de Guerrero, Benito Juárez, Contla de Juan Cuamatzi, Emiliano Zapata, Españita, Hueyotlipan, Ixtenco, Mazatecochco, Nanacamilpa, Nativitas, Panotla, Papalotla.
Así como San Damián Texoloc, San Francisco Tetlanohcan, San José Teacalco, Sanctórum, Santa Ana Nopalucan, Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Xiloxoxtla, Teolocholco, Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, Zacatelco y Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.
En cuanto a la alimentación, la CEDH constató que el 92% de los municipios garantizó el derecho a la alimentación, pero el organismo observó que el 18.1% lo garantiza de manera inadecuada al tener un costo para el familiar o detenido, pues dichos alimentos deben ser proporcionados de manera gratuita por el ayuntamiento. “De ninguna manera deberá representar algún gasto para familiares y/o conocidos”.
En el apartado de comunicación, para que toda persona detenida pueda comunicarse con su abogado o defensor, el 98% de los municipios garantizaron este derecho, pero el 77% cumple con el derecho de manera correcta, pues el 23% no cuenta con algún aparato telefónico al alcance, o bien quien realiza la llamada es el juez municipal.
En cumplimiento de la Recomendación General 01/2022 en materia de capacitación, el 92% de los municipios tlaxcaltecas cuenta con personal capacitado en temas diversos como derechos humanos, derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, justicia cívica, informe policial homologado, curso de emociones, entre otros; sólo el 28% está capacitado en justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Sobre el servicio médico, se desprende que el 95% de las demarcaciones cuenta con esa atención, faltando los municipios de Acuamanala, San Jerónimo Zacualpan y Zacatelco. Las autoridades deben contar con personal médico permanente en el centro de detención, para realizar una valoración del estado de salud de la persona detenida a su ingreso, así como brindar atención médica en caso de ser necesario.
La CEDH resaltó que todos los municipios cuentan con juez calificador que se encarga de calificar e imponer las sanciones correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable; al tiempo, resaltó que el 22% de las demarcaciones cuentan con más de un juez calificador, lo que significa que se garantiza de manera plena el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de las personas detenidas.
En el tema de normatividad, el 62% de los territorios refirió que sus elementos conocen la normatividad correspondiente a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el Bando de Policía y Gobierno, la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, el Reglamento de la Administración Municipal, los Protocolos de Actuación, los Protocolos de Atención, así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
En este orden, Benito Juárez, Calpulalpan, Emiliano Zapata, Ixtacuixtla, Ixtenco, Panotla, San Damián Texoloc, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Cruz Quilehtla, Santa Catarina Ayometla, Santa Isabel Xiloxoxtla, Teolocholco, Tenancingo, Tepeyanco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaltocan y Ziltlaltepec, mencionaron que desconocen uno o varios de los reglamentos antes señalados.
Por otro lado, únicamente el 43% de los municipios cuenta con Manual de Organización y Procedimientos Municipales con perspectiva de género. En el Consejo de Honor y Justicia, el 72% de los municipios dispone de este órgano autónomo, colegiado, imparcial y permanente, con lo que se garantiza el derecho de los ciudadanos para presentar una queja hacia los elementos de seguridad pública municipal.
Por lo anterior, la CEDH propuso a las autoridades municipales atender las observaciones de manera cuantitativa y cualitativa, buscar la asesoría del personal de este organismo a fin de alcanzar el pleno cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad bajo su custodia y resguardo.
Además de divulgar el informe de observaciones a los integrantes del ayuntamiento, a fin de establecer mesas de diálogo y participación; establecer coordinación con otras entidades, ya sea públicas o privadas, a efecto de que la retroalimentación de información fortalezca las acciones de mejora continua a los centros de detención preventiva municipal.
La Comisión precisó que los municipios de prioridad alta deben dar mantenimiento preventivo y mejora continua de infraestructura, garantizando condiciones óptimas de ventilación, iluminación, higiene y seguridad; asegurar espacios adecuados para mujeres, adolescentes y grupos de atención prioritaria.
Así como consolidar sistemas de registro, preferentemente digitales o semidigitales, que permitan trazabilidad y transparencia en los procesos de ingreso, valoración médica, comunicación y egreso; profesionalización continua del personal; funcionamiento regular del Consejo de Honor y Justicia.
Los municipios de prioridad media deben dar atención inmediata a deficiencias de infraestructura, especialmente en sanitarios, ventilación, iluminación y acceso a agua potable; habilitar áreas diferenciadas para mujeres, adolescentes y personas de grupos prioritarios; regularizar el registro de detenciones; fortalecer la capacitación del personal.
Para los municipios de prioridad baja, la propuesta es rehabilitación total y urgente de las áreas de detención; adecuación de áreas separadas; implementación obligatoria del registro de detenciones; capacitación intensiva del personal.
De junio de 2021 a este 2025, la CEDH atendió 350 quejas relacionadas con elementos de seguridad pública municipal y por violaciones a las garantías individuales de las personas privadas de la libertad. 248 fueron concluidas durante el trámite y siete mediante recomendación.
Este Diario publicó que la violación a los derechos humanos es recurrente en los separos municipales, de acuerdo con el Informe Especial sobre los Juzgados Municipales de Hidalgo y Tlaxcala de 2023, presentado en 2025.
Las principales carencias fueron falta de persona defensora, no permitir hacer una llamada, falta de servicio médico y no informar sobre los derechos humanos.
