Cualquier medida, actividad o mensaje que les involucre debe tener como prioridad su bienestar físico, emocional y desarrollo integral
Jesús Lima
Ya que los servidores públicos están obligados a garantizar un marco de seguridad emocional, integridad y protección contra todo acto que pueda resultar lesivo, aún si no fuera intencional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) comenzó una investigación por hechos ocurridos con la presidenta de comunidad de la Sección Segunda de Zacatelco, Valeria Lorety Díaz.
El organismo autónomo se pronunció ante los hechos que se han difundido en medios de comunicación y redes sociales, en torno a una actividad impulsada por la representante popular, la cual involucró a adolescentes y ha generado diversas reacciones sociales.
Ante estas circunstancias, la CEDHT aseveró que las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y legislación nacional, con el principio rector de interés superior de la niñez, que implica que cualquier medida, actividad o mensaje que les involucre debe tener como prioridad su bienestar físico, emocional, psicosocial y su desarrollo integral.
En este caso, los derechos a considerar, entre otros, son el libre desarrollo de la personalidad, a la integridad emocional, a ser escuchados y a vivir libres de discriminación. Por ello, cualquier acción institucional dirigida a este grupo, debe diseñarse desde un enfoque de protección integral, considerando su edad, madurez, capacidad progresiva, autonomía y la necesidad de generar entornos de contención, respeto y confianza.
Indicó que personas que ejercen funciones públicas tienen el deber de limitar su actuación formal frente a los derechos humanos, especialmente cuando se interviene en actividades con niñas, niños y adolescentes, la cual se extiende también a los mensajes, discursos, contenidos y dinámicas que impulsan desde su representación institucional y deben abstenerse de exponer a menores de edad a situaciones públicas que puedan malinterpretarse, sacarse de contexto o derivar en linchamientos sociales o digitales.
Asimismo, señaló que es su responsabilidad verificar previamente el enfoque pedagógico, el consentimiento informado (cuando sea necesario) y la observancia de la normativa aplicable en cualquier dinámica que implique contacto directo con grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la actuación de toda persona servidora pública debe regirse por los principios de legalidad, prudencia, profesionalismo, inclusión y respeto irrestricto a los derechos humanos y, sobre todo, tienen la obligación de capacitarse constantemente en materia de derechos humanos, género, protección a la infancia, inclusión y comunicación institucional responsable.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico plural y crítico, el cual debe ejercerse con responsabilidad social, perspectiva de derechos humanos y cuidado hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. El tratamiento noticioso de la niñez, de las mujeres en política, de la diversidad sexual o del activismo social puede reproducirse desde el compromiso ético con la verdad, el respeto y la no discriminación.
Reconocemos como organismo protector de derechos humanos, que estos hechos, son un indicador de que es necesario fortalecer la formación institucional, el diálogo con las comunidades y la construcción de entornos más seguros y respetuosos para nuestras adolescencias, así como también que las actividades públicas que sean dirigidas a niñas, niños y adolescentes deben diseñarse con rigor, sensibilidad, participación de especialistas, y desde una ética centrada en su cuidado.
Es importante señalar que las autoridades educativas tienen la obligación de observar que los contextos formativos sean respaldados por metodologías claras, enfoques integrales y acompañamiento pedagógico, especialmente cuando se abordan temas sensibles como las expresiones afectivas, violencias o la diversidad sexual.
Como institución garante de derechos, reiteramos nuestro compromiso de defender el derecho de las personas adolescentes a vivir sin violencia, sin discriminación y con pleno respeto a su dignidad; así como reforzar la promoción de espacios de formación para personas servidoras públicas en materia de infancia y adolescencia, derechos humanos y comunicación institucional con enfoque de género, entre otros.
Los errores deben ser asumidos con responsabilidad, pero nunca usados como excusa para reactivar estigmas o fomentar discursos de odio, de ahí que la CEDHT, a través de la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas, inició la investigación correspondiente y radicó el expediente de queja número CEDHT/VEGT/20/2025.
