La implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos permitirá minimizar costos administrativos a la ciudadanía, eliminar uso de papel, homologar requisitos entre los tres órdenes de gobierno y disminuir la discrecionalidad y los riesgos de corrupción
Karla Muñetón
Tlaxcala anunció este 21 de enero la transición hacia un modelo de trámites y servicios públicos digitales, como parte de la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, reforma de alcance nacional que busca transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, al priorizar la simplificación administrativa, el uso de tecnología y el acceso efectivo a derechos.
Durante la Primera Mesa de Trabajo para la Implementación de la Ley, autoridades estatales explicaron que el eje central de esta política pública no es únicamente modernizar procesos internos, sino reducir la carga burocrática que enfrentan las personas en su vida diaria, particularmente en trámites estatales y municipales, donde se concentra la mayor parte de la interacción ciudadana con el gobierno.
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Destacaron que el concepto de costo burocrático va más allá de los pagos oficiales por derechos o servicios, al incluir gastos indirectos como traslados, tiempo perdido, copias, múltiples visitas a oficinas, requisitos redundantes y cambios constantes en la documentación solicitada, y uno de los objetivos de la nueva ley es eliminar estas prácticas que históricamente han generado desgaste social, desconfianza institucional y exclusión.
Las autoridades remarcaron que todos los entes públicos que prestan servicios, sin importar su nivel de gobierno o ámbito de competencia, están obligados a cumplir la ley, y eso incluye dependencias estatales, organismos autónomos y ayuntamientos, lo que marca un cambio estructural en la forma de diseñar y operar los trámites.
Ante titulares y representantes de instituciones estatales, el comisionado estatal de Mejora Regulatoria, Julio César Portillo Caballero, explicó que la ley cambia el paradigma tradicional de la administración pública, ya que los trámites dejan de pensarse desde la comodidad del aparato gubernamental y pasan a diseñarse desde la experiencia del ciudadano.
Indicó que, aunque es necesario mantener controles, lineamientos y procedimientos para garantizar legalidad y seguridad, estos no deben convertirse en obstáculos innecesarios que inhiban a las personas de cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas o legales, y señaló que la mayoría de los ciudadanos quiere cumplir, pero cuando los procesos son excesivamente complejos, el cumplimiento se vuelve difícil.
Abundó que uno de los retos más importantes identificados es la armonización normativa, porque actualmente existen leyes, reglamentos y criterios distintos para una misma materia entre dependencias e incluso entre municipios, pero la falta de congruencia genera confusión, discrecionalidad y desigualdad en la atención, por lo que la ley plantea la homologación de trámites y requisitos en los tres órdenes de gobierno.
Añadió que otro componente clave de la reforma es el uso intensivo de herramientas tecnológicas, con el objetivo de sustituir documentos físicos por electrónicos y eliminar la práctica de solicitar información que el propio gobierno ya posee, y bajo este esquema, los servidores públicos podrán consultar bases de datos oficiales, para evitar que la ciudadanía cargue con documentos repetidos.
Indicó que la ley también incorpora el principio de proporcionalidad, que establece que los requisitos exigidos deben corresponder al impacto real del trámite, evitando cargas excesivas para gestiones de bajo riesgo.
Portillo Caballero recordó que la simplificación y digitalización ya están establecidas a nivel constitucional, lo que obliga a los tres órdenes de gobierno a implementar acciones concretas en esta materia, así como a adoptar buenas prácticas regulatorias y fortalecer la tecnología pública, sobre todo donde la vida cotidiana está cada vez más mediada por herramientas digitales, se busca que el gobierno evolucione al mismo ritmo que la sociedad.
Abundó que, a diferencia de marcos legales anteriores, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos es de aplicación directa, lo que significa que estados y municipios no necesitan emitir nuevas leyes para ponerla en marcha. Sin embargo, para garantizar su cumplimiento, se creó un modelo institucional con autoridades responsables de supervisar y vigilar su implementación.
A nivel federal, detalló, dicha función recaerá en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mientras que en Tlaxcala la autoridad local en materia de simplificación y digitalización será la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Javier Marroquín Calderón. Además, cada municipio y dependencia deberá designar enlaces responsables de estas tareas.
Mencionó que entre las acciones que se desarrollarán en la entidad se encuentra la administración del repositorio de trámites y servicios, que concentra cerca de 860 procedimientos estatales, así como la instalación de mesas de trabajo con dependencias para identificar áreas de mejora y proponer procesos más ágiles y digitales.
También fortalecerán el Portal Ciudadano Único, que permitirá realizar diversos trámites desde una sola ventanilla digital, incluso cuando correspondan a distintas autoridades, a través de proyectos sectoriales e interinstitucionales.
Añadió que un aspecto estratégico es la identidad digital, mediante el sistema Llave MX, que funcionará como mecanismo único de identificación en los portales gubernamentales y estará vinculado a la CURP biométrica, al destacar que Tlaxcala cuenta desde hace cuatro años con una ley de identidad digital, lo que coloca a la entidad en una posición favorable para la transición.
Asimismo, enfatizó que los documentos digitales, como la firma electrónica y las constancias de conservación, tienen el mismo valor legal que los documentos físicos, conforme a la normativa vigente en materia de digitalización documental.
Durante el diagnóstico presentado, expuso que una persona realiza en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, y que el 85% de ellos se gestionan a nivel estatal y municipal, lo que evidencia la relevancia social de esta reforma.
Mencionó que actualmente Tlaxcala registra más de 463 trámites y 417 servicios, por lo que la simplificación tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de la población.
La participación de camadas y grupos musicales marcan la jornada donde la tradición se mezcla con fiesta masiva y consumo de alcohol
