Inválida Suprema Corte de Justicia control del Padrón de Contratistas estatal

Determinó que fueron invadidas atribuciones del municipio de Tlaxcala para adjudicar obra pública con cargo a sus propios recursos

INVALIDA SCJN 1 — El Pleno de la Suprema Corte determinó que ese padrón, creado por la LXIV Legislatura y que administra el Gobierno del Estado, invade la competencial de los ayuntamientos. Cortesía / SCJN

Jesús Lima

Al invadir las atribuciones del municipio para adjudicar obra pública con cargo a sus propios recursos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 29 bis, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que permitía que la Secretaría de Finanzas preseleccionara, suspendiera o cancelara a los posibles contratistas de obra pública a través del Padrón Único de Contratistas.

Lo anterior -determinó la Suprema Corte- debido a que ese padrón creado por la LXIV Legislatura y que administra el Gobierno del Estado, invade la competencial de los ayuntamientos en materia de adjudicación de obra pública financiada con recursos municipales.

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INVALIDA SCJN — El Pleno de laSCJN invalidó el artículo 29 bis, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Cortesía / SCJN

“Esta determinación debe leerse a la luz del artículo 134 de la Constitución Política del país, del cual deriva una facultad reglamentaria del legislador para regular procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás elementos para lograr la realización de los principios que informan el régimen contractual del Estado y así asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, pero tal facultad de configuración legislativa tiene límites”, indicó.

En este sentido, el Pleno advirtió que, en el caso concreto, se actualizaron restricciones hacia el municipio para contratar obra pública, pues la inscripción para los interesados es requisito obligatorio para poder participar en procedimientos de contratación.

Aunado a lo anterior, señaló que los municipios no pueden contratar a quienes no se encuentren inscritos en el Padrón, y la Secretaría de Finanzas es la que resuelve la inscripción o negativa en el Padrón, así como su actualización, suspensión o cancelación.

Por lo tanto, concluyó que, tal como está regulado el Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en la legislación local, resulta violatorio de los principios constitucionales de la autonomía municipal y la libre administración hacendaria del Ayuntamiento.

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Cabe señalar que hace un año el Congreso local aprobó, por unanimidad de votos, la creación del Padrón Único de Contratistas y sentó las bases para la recisión de contrato de los entes públicos, a través de una serie de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

En su momento, dicha votación fue presenciada por el entonces secretario de Infraestructura de la administración estatal y ahora alcalde capitalino Alfonso Sánchez García.

La Controversia constitucional 362/2023 fue promovida por el municipio de Tlaxcala, que demandó la invalidez del Decreto 225 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de mayo de 2023.

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