Desde su entrada en vigor en 2024, la figura ha sido aplicada en ocho demarcaciones ante debilidad institucional y presencia de delitos de alto impacto
Karla Muñetón
La figura del Mando Coordinado, incorporada en la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de Tlaxcala, se ha convertido en una de las principales herramientas del gobierno estatal para atender crisis de seguridad en municipios donde la violencia, la presencia del crimen organizado o la incapacidad operativa de las corporaciones locales han puesto en riesgo la paz social.
Desde su entrada en vigor en febrero de 2024, esta estrategia extraordinaria ha sido aplicada en al menos ocho municipios tlaxcaltecas como respuesta a escenarios de alta incidencia delictiva, conflictos sociales prolongados, falta de certificación policial, insuficiencia de estado de fuerza y ausencia de políticas públicas eficaces para la prevención del delito.
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La ley establece que el Mando Coordinado es una medida temporal, generalmente con una duración máxima de tres meses, aunque puede prorrogarse mientras persistan las condiciones que le dieron origen.
A través de este esquema, el Estado asume de manera parcial o total las funciones de seguridad pública municipal, sin que ello implique la desaparición del Ayuntamiento ni la pérdida de su autonomía constitucional.
De acuerdo con la legislación estatal, el Mando Coordinado puede implementarse cuando un municipio enfrenta una alta incidencia en la comisión de delitos de alto impacto; cuando existe un incremento sostenido de los índices delictivos, independientemente de su naturaleza; cuando los elementos policiacos carecen de certificación y controles de confianza; o cuando hay ausencia o insuficiencia del estado de fuerza necesario para garantizar la seguridad de la población.
También procede en casos donde se detecta la falta de políticas públicas orientadas a la recuperación de la paz social, la recomposición del tejido comunitario y la prevención de la violencia.
La activación de esta figura puede ser por determinación del Ejecutivo local o solicitada por el presidente municipal, y a partir de ello, la gobernadora, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), elabora un Dictamen de Mando Coordinado, sustentado en un diagnóstico técnico, logístico y estratégico que justifica la intervención; el dictamen es sometido a la valoración y aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana.
El objetivo central del Mando Coordinado es contener delitos de alto impacto, restablecer el orden público, fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, reconstruir el tejido social y salvaguardar los derechos humanos de la población durante periodos de crisis.
En 20 meses, el Mando Coordinado ha sido implementado en ocho demarcaciones de la entidad, entre ellas regiones que colindan con los estados vecinos de Puebla, Hidalgo y Estado de México, aunado a otros con problemáticas temporales específicas.
El primer caso ocurrió en abril de 2024, cuando el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana decretó el Mando Coordinado para asumir el control de la seguridad pública en Zacatelco, tras los disturbios registrados en la colonia Xitototla, ante una supuesta falta de atención de la policía municipal y la omisión de funciones del alcalde y del comisario de seguridad. Durante los disturbios, perdieron la vida un civil y un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Días después murió otro policía.
La gravedad de los acontecimientos derivó en la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y ante la posible comisión de delitos federales, se determinó la coadyuvancia de la Fiscalía General de la República para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
En mayo de 2024, el Mando Coordinado fue solicitado por el presidente municipal con el propósito de recuperar la paz social y garantizar los derechos de la población frente a delitos recurrentes como robos, así como ante la falta de control policial.
El municipio arrastraba un conflicto político y social desde la elección de 2021, cuando un sector de la población desconoció el triunfo de Luis Ángel Barroso Ramírez, y la inconformidad impidió que el alcalde pudiera ejercer plenamente sus funciones, incluida la de garantizar la seguridad pública, lo que derivó en un vacío institucional prolongado.
En noviembre de 2024, el Mando Coordinado fue instaurado en San Lucas Tecopilco tras detectarse un contexto de violencia, desorganización y limitada capacidad operativa de la policía municipal, además de conflictos sociales derivados del proceso electoral.
En esta demarcación se llevó a cabo una elección extraordinaria, luego de que durante la jornada del dos de junio de 2024 fuera incendiado material electoral. Tras varios meses de intervención, y ya con autoridad municipal electa, en mayo de 2025 el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana determinó retirar el Mando Coordinado, al concluir que la seguridad había mejorado y que el municipio contaba nuevamente con los elementos policiacos necesarios para hacerse cargo de la seguridad.
La intervención estatal fue activada en abril de 2024 ante problemas recurrentes de robos y delitos que no eran atendidos de manera eficaz por la corporación municipal, así como por deficiencias en la profesionalización de los policías locales.
El entonces alcalde, Omar Maldonado Tetlamatzi, solicitó formalmente el Mando Coordinado al considerar prioritario garantizar la seguridad total del municipio, al tiempo que el ayuntamiento fortalecía su cuerpo policiaco y avanzaba en los procesos de certificación y capacitación de los elementos.
En marzo de 2025, el Mando Coordinado fue decretado en Tlaxco ante una escalada de violencia que rebasó la capacidad de respuesta de la policía municipal. Entre los hechos que motivaron la intervención se encuentran el desmantelamiento de tres narcolaboratorios de anfetaminas por parte de autoridades federales, el asesinato de un policía municipal durante enfrentamientos con grupos dedicados al robo de vehículos y una percepción constante de inseguridad entre los habitantes.
La medida tuvo como objetivo contener delitos de alto impacto y restablecer el orden; sin embargo, algunos reportes señalaron que ciertos incidentes delictivos persistieron incluso durante el periodo de intervención estatal.
En mayo de 2025, a petición de la presidenta municipal Ana Lucía Arce Luna, quedó implementado el Mando Coordinado en este municipio del sur del estado, colindante con Puebla y caracterizado por una alta movilidad poblacional.
La decisión fue tomada tras una serie de hechos violentos, entre ellos la localización de cuerpos ejecutados, la quema de vehículos con personas en su interior y múltiples balaceras, lo que llevó a las autoridades estatales a considerar indispensable el respaldo directo a la policía municipal para hacer frente a eventos de alto impacto.
Una de las intervenciones más recientes de esa figura por parte de la SSC ocurrió en agosto de 2025, en medio de una ola de violencia que generó alarma entre la población, pues el municipio registró al menos cinco homicidios en un lapso de 43 días, que ocurrieron de manera directa en la vía pública y con uso de armas de fuego.
Entre los casos destacan el asesinato de Roberto N., alias El Mocho, en pleno centro del municipio; la ejecución de Oliver N.; el homicidio de un menor de 17 años, en un ataque donde su tía resultó lesionada; el hallazgo sin vida de Guadalupe N. y la ejecución de Renato Brahyan N., alias La Ranita.
Finalmente, en noviembre de 2025 el Mando Coordinado fue activado en Calpulalpan con el objetivo de fortalecer los operativos de prevención y disuasión del delito, ante un incremento de incidentes que exigieron el apoyo directo del Estado a la corporación municipal.
La participación de camadas y grupos musicales marcan la jornada donde la tradición se mezcla con fiesta masiva y consumo de alcohol
