Tuvo el respaldo de colectivos de mujeres que buscan proteger su intimidad
Jesús Lima
Para sancionar a toda persona que divulgue, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico-sexual, reales o manipulados y sin consentimiento de la víctima generado mediante inteligencia artificial, y no exista consentimiento previo y libre, la diputada Miriam Martínez Sánchez presentó una iniciativa para que sea considerado como delito de violación a la intimidad sexual.
En este sentido, la legisladora del Partido Acción Nacional planteó penas de tres a cinco años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que cuando el delito se cometa en contra de una mujer, la sanción podría incrementarse hasta siete años y medio de prisión y 750 UMAS.
De igual forma, puntualizó que este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de personas en situación de discapacidad que no comprendan el significado del hecho o menores de edad, además de que para los efectos de las disposiciones señaladas en este artículo, la autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación, red social o cualquier otro medio que la contenga.
En su momento, Martínez Sánchez, respaldada por colectivos de mujeres, expuso que la aceleración del progreso y la mejora constante de las tecnologías también ha permitido una acelerada y diversificada generación de supuestos en los que las imágenes íntimas no fueron reales, sino fabricadas, manipuladas o generadas artificialmente mediante herramientas digitales o de inteligencia artificial.
Lo anterior, señaló, provocaría que, en casos como esos, a pesar de provocar el mismo daño a las víctimas por virtud del principio estricto de derecho, no haya posibilidad de sancionarse, porque, aunque la víctima nunca participó materialmente en la producción del contenido ni lo consintió, el daño a su intimidad, reputación y dignidad es equiparable o incluso más grave, pues se le atribuirían conductas sexuales inexistentes con apariencia de veracidad y favorecería o potenciaría su cosificación y estigmatización socia.
De acuerdo con la diputada local, la inteligencia artificial incluye “aplicaciones, programas o tecnologías que, a partir de instrucciones humanas son capaces de analizar imágenes, audios o videos y realizar ajustes automáticos para alterarlos, modificarlos o generarlos con apariencia realista”.
Sin embargo, precisó que la iniciativa no busca criminalizar el uso de la tecnología ni su avance, sino delimitar sus usos ilegítimos cuando lesionan bienes jurídicos de la más alta protección.
Finalmente, señaló que la ubicación penal de esta hipótesis es una forma legítima de control, pues es idónea al disuadir la generación y difusión de contenidos íntimos falsos; es necesario porque los medios civiles y administrativos no bastan frente a la viralidad de internet, y es proporcional, pues la sanción se dirige únicamente a supuestos de afectación directa mediante la inteligencia artificial a la intimidad sexual”.
La legisladora advirtió que la violencia digital-sexual afecta principalmente a mujeres y personas menores de edad, al generar estigmatización social, daño emocional y riesgos físicos, por lo que subrayó la urgencia de actualizar el marco penal frente a los nuevos desafíos tecnológicos.
