También propuso cuatro años de prisión a quien obligue a otro a recibir terapia de conversión sexual
Jesús Lima
En ambos casos, puntualiza el documento, las penas aumentarán hasta una tercera parte cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
Para establecer mecanismos jurídicos y de política pública que refuercen la prevención, atención y sanción de las conductas delictivas cometidas en medios digitales en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, la diputada Sandra Aguilar Vega propuso sancionar con seis años de cárcel y hasta dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien proponga, a través de internet o cualquier tecnología de la información y comunicación, concertar un encuentro sexual o solicite favores de este tipo con menores de 18 años.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, también pretende imponer de tres a seis años de cárcel y multa de hasta dos mil UMAS a quien, a través de internet o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte a un menor de edad, realice actos dirigidos a obtener material pornográfico o le muestre imágenes de este tipo.
Por otro lado, también propuso de dos a cuatro años de prisión a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión sexual y aplicar la misma pena para quien imparta dicha terapia sin el consentimiento de la persona a la que se le aplica, además de que este delito se perseguirá por querella.
Asimismo, precisa que comete el delito de pederastia quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años de edad, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento, a quien le impondrán de 15 a 20 años de prisión y de 750 a dos mil 250 UMAS.
Con lo anterior, aseveró la legisladora, busca asegurar que la era digital sea un espacio de oportunidades, desarrollo, bienestar y no un medio de vulneración de los derechos fundamentales de quienes constituyen el presente y futuro de la nación, cuando responde a una necesidad urgente de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, donde se han incrementado las conductas que vulneran su integridad, dignidad y desarrollo.
De igual forma, lamentó que el uso no regulado de plataformas digitales ha facilitado el contacto con menores para fines sexuales, la solicitud en material pornográfico y otras formas de violencia digital que requieren una respuesta legislativa firme, preventiva y restaurativa.
Esta iniciativa propone reformas concretas que responden a esta responsabilidad, incorporando el concepto de red social, reconociendo su impacto directo en la vida de los menores
