No estamos nosotros acabando con la libertad de expresión, no hay censura, lo que sí son reglas claras de cómo se debe utilizar una concesión del estado mexicano, enfatizó la congresista
Diana Zempoalteca
La senadora de la República por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, planteó que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones no implica una mordaza para plataformas de comunicación ni una forma de censura, al contrario, consideró que es poner reglas claras en la materia de transmitir contenidos.
Rivera Rivera afirmó que “no estamos nosotros acabando con la libertad de expresión, no hay censura, lo que sí son reglas claras de cómo se debe utilizar una concesión del estado mexicano”; insistió que no pueden abrir las puertas a los adversarios y quienes atentan a la soberanía nacional e intereses ajenos en la soberanía de la patria y poner de manera indigna en medios masivos al mexicano.
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Bajo el esquema de justificar la libertad de expresión, refirió que algunas empresas lo que hacen es buscar y proteger los intereses de gobiernos extranjeros, que -sostuvo- lo hacen con la intención de tener efectos nocivos con el pueblo y el gobierno.
En entrevista, la congresista comentó que no tolerarán el racismo disfrazado de comunicación, y que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíbe la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros en medios nacionales.
Expuso que es una reforma de gran calado, “como todas las reformas que está impulsando nuestra presidenta y está profundizando la Cuarta Transformación, hoy tenemos la responsabilidad de utilizar estas mayorías calificadas con responsabilidad”.
Añadió que tocar el tema de las concesiones otorgadas por el Estado a televisión, radio y ahora también internet, es necesario e indudablemente un asunto que estaba pendiente, “no podemos permitir en aras de la libertad de expresión que se paguen campañas multimillonarias desde el extranjero a medios masivos de comunicación con concesiones del Estado”.
Puntualizó que debe haber reglas claras, sanciones precisas y, por lo tanto, condiciones que el Estado debe tener para que estas concesiones públicas no terminen siendo utilizadas por extranjeros para soslayar la transformación que vive el país.
Detalló que han abierto un espacio de diálogo antes de votar la iniciativa, en el que puedan escuchar a los actores políticos, a la iniciativa privada y a los que tienen en su poder las concesiones, para conocer su punto de vista, para no ceder a una amenaza internacional de socavar a México.
