Con esta armonización el Ejecutivo pretende garantizar la eficacia operativa y el uso adecuado de las tecnologías en labores de inteligencia, investigación y reacción inmediata, además de reforzar la prevención de la violencia de género y atención a víctimas
Jesús Lima
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Seguridad Pública que crean nuevas corporaciones estatales y una Unidad Antiextorsión, con el fin de modernizar el modelo de seguridad y atender delitos de alto impacto, como la extorsión.
Con la aprobación de esta enmienda por unanimidad de votos, la cual fue remitida por la titular del Ejecutivo estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, el aparato gubernamental da vida a las policías de Inteligencia e Investigación; de Caminos y Vialidad; Procesal; de Custodia; Grupos Especiales y de Reacción; Industrial y Bancaria; Estatal Preventiva; de Prevención del Delito y Género, además de la homologación de la Academia Policial; el fortalecimiento del Consejo de Honor y Justicia policiales, así como la regulación de los servicios de seguridad privada.
De esta forma, el Poder Ejecutivo pretende garantizar la eficacia operativa y el uso adecuado de las tecnologías en labores de inteligencia, investigación y reacción inmediata, además de que reforzará el enfoque de prevención de la violencia de género y atención a víctimas, para elevar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y mantener a Tlaxcala como una de las entidades con menor incidencia delictiva a nivel nacional.
Por otro lado, con la reforma aprobada los municipios estarán obligados a contar con al menos un elemento policial por cada mil habitantes, además de que la totalidad de su personal deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y al menos el 75 % de sus integrantes deberá contar con certificación individual.
En este sentido, los legisladores señalaron que los municipios contarán con un plazo razonable para cumplir con la obligación de contar con un policía por cada mil habitantes, a fin de no generar afectaciones inmediatas a sus finanzas, además de que cada comuna creará una Policía de Género, cuya titularidad recaerá en una mujer y permanecerá durante el periodo que dure la administración municipal.
Debido a que el trabajo de seguridad es integral y no sólo del Estado, las instituciones de seguridad ciudadana, en coadyuvancia y corresponsabilidad, deberán promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y demás acciones en materia de seguridad pública y ciudadana.
Con lo anterior, la participación social tendrá por objeto promover la deliberación, discusión, cooperación, así como la integración de propuestas, experiencias y necesidades de la sociedad en materia de construcción de paz, prevención de las violencias y del delito, investigación, diseño y desarrollo institucional.
Asimismo, el Estado deberá establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial y autorizar los programas de formación, capacitación, profesionalización, adiestramiento, actualización y especialización de los conocimientos, destrezas y habilidades en seguridad pública y ciudadana, así como coordinar y supervisar la impartición de planes y programas de estudio académicos a través de la Academia.
De igual manera, con esta reforma el Estado dirigirá y controlará el Sistema de Registro de Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, además de que con esto regulará el actuar de quienes ofrezcan este servicio, por lo que deberán obtener la autorización correspondiente expedida por la Secretaría, además de cumplir con las disposiciones del orden federal.
En este punto, esta unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atenderá los asuntos que la normatividad le señale y, cuando lo estime conveniente, propondrá a la persona titular de la Secretaría el establecimiento de unidades de apoyo académico y organizacional que requiera su desarrollo, para atender las necesidades de capacitación y profesionalización en regiones determinadas.
Además, la Dirección tendrá como objeto fundamental coordinar su funcionamiento, elaborar, aprobar e impartir planes y programas de estudio de tipo medio superior y superior en todos sus niveles, modalidades y opciones educativas en materia de seguridad ciudadana y áreas afines, así como la formación, capacitación, actualización, investigación, certificación y profesionalización de los elementos de seguridad, así como la generación de conocimiento en sus diferentes ámbitos.
Sin embargo, la reforma establece que no podrán integrarse a instituciones de seguridad aquellas personas que estén inscritos en los registros de deudores alimentarios o de violentadores.
Este nuevo órgano será dependiente del Secretariado Ejecutivo, que será responsable de su operación, evaluación permanente y que tiene como objeto prevenir, investigar, combatir y erradicar el delito de extorsión en todas sus modalidades, mediante estrategias coordinadas de inteligencia, ciberseguridad, análisis financiero y operación policial, garantizando en todo momento la atención inmediata a las víctimas y la judicialización de los casos.
En este sentido, su actuación se sustentará en lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Estrategia Nacional contra la Extorsión y las facultades conferidas al Secretariado Ejecutivo.
Por su parte y aunque avaló el dictamen presentado ante el Pleno, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano, exhortó al Gobierno del Estado dotar de los recursos necesarios para la funcionalidad de estas reformas, pues aunque la propuesta contiene temas como la obligación de contar con una fuerza equivalente a un policía municipal por cada mil habitantes, que es inferior a los estándares internacionales y nacionales en la materia, si no hay disposición podría quedar como letra muerta.
Además, la diputada independiente Blanca Águila Lima, de manera particular, planteó incrementar el número mínimo de efectivos con que deberían contar las policías municipales, pues de acuerdo con los estándares internacionales deberían contar con al menos 2.8 elementos por cada mil habitantes, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría.
Finalmente, la legisladora de Acción Nacional, Miriam Martínez Sánchez, manifestó que ya no existen pretextos para que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, entregue resultados contundentes, pues ya cuenta con las herramientas legales y con el presupuesto suficiente que esta legislatura le ha dotado, así como con el respaldo del Congreso y con un marco normativo que le permitirá actuar con firmeza.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala contará con 90 días naturales para integrar la Unidad Antiextorsión.
