Este lunes 1 de septiembre se llevó a cabo la histórica Sesión Solemne del Senado de la República en que tomaron protesta las ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces que fueron electos por voto popular en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.
No se trató de un suceso protocolar, sino de un acto a través del cual reafirmaron el profundo compromiso adquirido con la ciudadanía, que depositó en ellos su confianza para ejercer la más alta función jurisdiccional del país. Los nuevos integrantes del tribunal no asumieron únicamente un cargo, sino una responsabilidad histórica: la de ser garantes de los derechos, la seguridad y la dignidad de millones de personas que ven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la última instancia de protección de sus libertades.
El pueblo los dotó de autoridad mediante el voto, y solo se mantendrá en la medida en que resuelvan con imparcialidad y firmeza. La toma de protesta fue apenas el inicio de un camino; los nuevos integrantes de la Corte son conscientes de que enfrentarán retos que definirán su papel en la vida nacional y que marcarán el rumbo de la justicia mexicana.
El primero de esos desafíos será sostener la independencia judicial, en un entorno donde la polarización busca permear todos los espacios de la vida pública, la Corte deberá preservar su integridad institucional frente a conflictos externos, consolidando un espacio donde la única voz que prevalezca sea la del derecho.
Un segundo gran reto será fortalecer la legitimidad del sistema de justicia y, con ello, la confianza ciudadana que se construye día con día. Exigirá decisiones claras, fundamentadas y sensibles a la realidad social, lo que significará también consolidar la transparencia.
La ciudadanía espera que la Corte sea un ejemplo para todas las personas juzgadoras en el país -sean de fuero federal o local, de sede administrativa o judicial-, de que la decisión judicial además de estar debidamente fundada y motivada, debe comunicarse con claridad, que las resoluciones no podrán encerrar más a la justicia en un lenguaje técnico inaccesible y los razonamientos busquen invariablemente la protección amplia de los derechos y libertades.
El tercer gran reto de la Suprema Corte será ampliar la accesibilidad y la eficiencia de la impartición de justicia; la ciudadanía demandará que revise y adapte sus procesos, que fortalezca sus mecanismos de control y que garantice que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a la protección de sus derechos. Una justicia inaccesible o lenta no cumple su propósito; por eso, la eficiencia y la cercanía serán condiciones indispensables de mantenerse.
Ese reto llevará aparejada una obligación adicional: incorporar plenamente los avances legales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La ciudadanía será más consciente que nunca de sus derechos y requerirá que la Corte se convierta en garante efectivo de ellos. Los ministros y ministras estarán a la altura de un país en constante cambio, que reconoce nuevos conflictos sociales, distintas formas de discriminación, enfrenta desafíos globales en temas como el medio ambiente, la tecnología o la igualdad de género, y que espera de su tribunal supremo una visión de futuro.
De cara a esa realidad, la justicia mexicana dependerá de la forma en que el tribunal asuma los desafíos. Cada decisión tendrá que mostrar que la independencia judicial es posible incluso en un país polarizado, que la legitimidad se construye con transparencia y coherencia, y que la accesibilidad y la eficiencia no son privilegios, sino obligaciones inherentes a la justicia.
En sintonía, todas y todos quienes conformamos el ecosistema de justicia nacional, deberemos transitar en sinergia con tales exigencias, resolver conscientemente cada asunto que llegue a nuestros juzgados y salas, apropiar nuevos esquemas de administración de justicia como la justicia abierta y la gobernanza judicial, adoptar coherentemente las determinaciones de la Corte y mejorar día a día las formas de comunicación con la ciudadanía.
Lo que el pueblo confió el 1 de junio de 2025 no fue solo la administración de un poder del Estado. Iniciamos una nueva etapa en la historia de la justicia en México, en la que la voz ciudadana se convirtió en el cimiento de un tribunal que estará a la altura de su tiempo y de su pueblo.
