Aborto legal sin acceso real, alertan colectivas en Edomex
A un año de la reforma, continúan embarazos infantiles, negativas en centros de salud y la apertura de carpetas de investigación
Ximena García
Pese a que hace un año se despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el Estado de México, los abortos clandestinos, el abandono de recién nacidos en vía pública y los embarazos infantiles continuaron en distintos municipios.
Para Esperanza Arias, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), este escenario diluyó en la práctica el derecho a decidir de las personas gestantes.
Un acceso que no llegó a los centros de salud
La reforma aprobada el 25 de noviembre de 2024 eliminó las sanciones penales para quienes decidieron interrumpir un embarazo, aunque los servicios estatales no se adecuaron para garantizarlo.
Clínicas como las de Cuautitlán, Las Américas en Ecatepec o el Materno Perinatal Mónica Pretelini en Toluca mostraron avances, aunque permanecieron como excepciones.
En este año, las colectivas detectaron que el acceso se mantuvo condicionado por la objeción de conciencia aplicada sin regulación ni mecanismos que obligaran a canalizar a personal no objetor.
La falta de claridad institucional, lamentaron, dejó a mujeres y adolescentes frente al mismo escenario que existía antes de la reforma.
“Lo que vimos fue que la despenalización no se tradujo en acceso real. Legalizar es un paso, pero si no hay rutas claras, las mujeres siguen sin poder ejercer este derecho”.
Abortos inseguros y embarazos infantiles
En este primer año, la clandestinidad no se redujo. Ddeser acompañó a decenas de adolescentes y mujeres jóvenes que recurrieron a medicamentos adquiridos en internet, proveedores informales y recomendaciones de redes sociales.
Los casos documentados por Ddeser ocurrieron en ese mismo contexto. Una adolescente de 15 años se introdujo una caja completa de aspirinas vía vaginal después de seguir una indicación encontrada en internet.
La joven no logró interrumpir el embarazo y terminó hospitalizada con lesiones internas, entre ellas quemaduras en el útero.
En otros episodios, adolescentes llegaron con hemorragias o infecciones avanzadas derivadas de fármacos inadecuados o de instrucciones erróneas sobre la dosis y la vía de administración.
Además señalaron interrupciones incompletas que derivaron en la descomposición del producto dentro del útero.
La organización también documentó embarazos en niñas de 8 años, vinculados a violencia sexual.
En varias de estas atenciones los protocolos institucionales no se activaron plenamente y las familias quedaron expuestas a presiones que impidieron denunciar.
La anticoncepción de emergencia tampoco se otorgó en todas las unidades, aunque la normativa obliga a ofrecerla en las primeras 72 horas posteriores a una agresión.
El problema, además, se refleja en las cifras de embarazo infantil. En 2023 se registraron 11 mil 688 nacimientos de madres menores de edad en el Estado de México y 579 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años.
El Consejo Estatal de Población señaló que 2% de las adolescentes mexiquenses entre 12 y 17 años ya tenía al menos un hijo.
“Tenemos niñas embarazadas que deberían estar protegidas por el Estado y no lo están. Ni la Fiscalía ni los servicios de salud actuaron con la urgencia que requieren estos casos, tampoco el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)”.
Municipios donde la clandestinidad persistió
Arias identificó múltiples focos rojos, como Ecatepec y Tecámac, donde se recibieron reportes de recién nacidos abandonados en vía pública, lo que para la activista evidenció precariedad y ausencia de rutas de atención.
En Tianguistenco y Capulhuac, dijo, se documentaron clínicas clandestinas donde adolescentes recibieron medicamentos sin supervisión médica, lo que derivó en hemorragias e infecciones severas.
En tanto, en las preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ddeser registró interrupciones realizadas dentro de baños escolares, lo que llevó a docentes a solicitar orientación para establecer rutas de acompañamiento.
Asimismo, en Almoloya de Juárez y Villa Victoria se atendieron casos de niñas y adolescentes con complicaciones graves y se recibieron reportes de recién nacidos sin vida encontrados en vía pública.
Un año sin leyes secundarias ni claridad jurídica
Aunque el aborto ya no es punible dentro de las primeras 12 semanas, la permanencia de estas investigaciones generó antecedentes que afectaron trámites laborales, escolares y certificaciones.
En ese sentido, destacó que el Congreso mexiquense tampoco aprobó las leyes secundarias para regular la objeción de conciencia, definir responsabilidades institucionales y fijar sanciones en casos de negación del servicio.
Las iniciativas, señaló Arias, quedaron detenidas mientras distintas fuerzas políticas discutieron una nueva Ley Estatal de Salud.
Además señaló que la permanencia del delito en el Código Penal afecta a mujeres y adolescentes que interrumpieron un embarazo.
“Nosotras vemos que la continuidad del delito de aborto en el Código Penal mantiene consecuencias graves para quienes interrumpieron un embarazo. Si las carpetas no avanzan y siguen en sus antecedentes, el Estado no está garantizando el derecho que ya reconoció”.
Una deuda que persiste
Arias explicó que la reforma abrió un marco jurídico aunque no transformó la experiencia cotidiana de quienes buscaron atención.
Hizo hincapié en que el Estado debe desplegar campañas de información accesibles, capacitar obligatoriamente al personal de salud y establecer rutas claras para víctimas de violencia sexual.
También advirtió que la anticoncepción de emergencia no se otorgó de manera sistemática, lo que dejó a niñas y adolescentes sin herramientas básicas para prevenir embarazos posteriores a una agresión.
Para Ddeser, el primer año después de la despenalización dejó claro que la clandestinidad continúa como la única ruta posible para niñas, adolescentes y mujeres sin recursos.
Aunque el aborto ya no es delito en las primeras 12 semanas, el acceso real permanece lejos de las instituciones que deberían garantizarlo, sentenció Esperanza Arias.






























