Activistas califican el tarifazo como un “retroceso”

Ximena García

“No hay transformación, solo continuidad”

Álvarez señaló que el alza de tarifas no corrige los problemas estructurales del transporte público, entre ellos el rezago en infraestructura masiva, la falta de fiscalización y la opacidad con la que históricamente han operado las empresas concesionarias.

“Es grave, porque este gobierno prometió una transformación y con un aumento de tarifas lo único que se hace es perpetuar un servicio de mala calidad. Lo que tendría que estarse haciendo es transformarlo, invertir en infraestructura y garantizar transporte masivo digno”, expresó.

El activista comparó el rezago del Valle de Toluca con otras ciudades del país que, pese a su tamaño, han logrado desarrollar sistemas integrados y de menor costo para los usuarios. 

Explicó que, mientras en Puebla o Mérida se han consolidado líneas de transporte masivo, el Estado de México mantiene un esquema fragmentado, costoso y con unidades obsoletas.

Falta de control y estudios cuestionables

Comentó que, en la práctica, los incrementos de tarifa nunca se han traducido en renovación de unidades ni en cumplimiento de las normas vigentes. 

“Desde 2020 se prometió que la tarifa alcanzaría para modernizar el parque vehicular y no se cumplió. En menos del veinte por ciento de las rutas las unidades tienen menos de diez años; incluso modificaron la norma para ampliar la antigüedad permitida y aun así siguen fuera de regla”, apuntó.

El integrante de Cometa señaló también que las tarifas preferenciales para adultos mayores y menores de edad, anunciadas en el nuevo acuerdo, son insuficientes y, en la mayoría de los casos, no se aplican en la práctica. 

Además, consideró que un descuento real debería ser más profundo para hacer efectivo el derecho a la movilidad de estos sectores.

“Si la tarifa sube a 14 pesos, la preferencial para adultos mayores tendría que bajar a la mitad. Lo que anuncian como beneficio son apenas ajustes simbólicos que no modifican la realidad del usuario”, indicó.

Política clientelar y omisión de la autoridad

El activista cuestionó además que el aumento se combine con un esquema de apoyos financieros a transportistas que, dijo, replica las viejas prácticas de control político. 

Afirmó que los nuevos camiones adquiridos con recursos públicos están beneficiando a grupos empresariales ligados a figuras políticas, mientras persisten las deficiencias en seguridad y cobertura del servicio.

Consideró que la Secretaría de Movilidad ha mostrado una postura pasiva frente al incumplimiento de los concesionarios y recordó que, desde hace casi dos semanas, muchas rutas comenzaron a cobrar de forma ilegal la nueva tarifa sin que se aplicara una sola sanción. 

“El Instituto del Transporte ha sido omiso; cada aumento viene acompañado de promesas que no se cumplen. Siguen operando las mismas unidades y los mismos grupos, ahora con el respaldo de nuevas dádivas”, señaló.

Alternativas y acciones ciudadanas

Ante este panorama, Cometa Colectiva consideró que el Estado de México debe congelar las tarifas hasta homologarlas con las de entidades vecinas como Puebla, Hidalgo o Morelos, donde los costos son menores y los sistemas muestran mayor integración.

Álvarez sostuvo que antes de autorizar incrementos debía impulsarse una red de transporte masivo que ordenara las rutas actuales y redujera la dependencia del servicio concesionado. 

“Con los recursos que hoy se destinan a subsidios y apoyos a transportistas podrían construirse hasta cinco líneas de Mexibús. Esa sería una política transformadora, no un aumento disfrazado de modernización”, puntualizó.

En tanto, el colectivo No al Tarifazo -integrado por diversas organizaciones y colectivos urbanos-dará a conocer en las próximas horas su posicionamiento formal y las acciones que emprenderán a raíz del aumento. 

Hasta el momento se prevé que podrían sumarse a movilizaciones o emprender campañas informativas para visibilizar el impacto del ajuste y exigir una revisión integral de la política de movilidad.