El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México reveló que 1 de cada 10 servidores públicos no sabe cómo denunciar actos de corrupción, además de abusos en el programa ‘Cero Multas’ a través de inspectores de negocios
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
Un diagnóstico realizado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México reveló que al menos 10 por ciento de los servidores públicos no sabe cómo reportar conductas irregulares o actos de corrupción, mientras que solo 15 por ciento acude a los comités de ética para hacerlo.
Estos datos, obtenidos de una encuesta aplicada a más de 47 mil funcionarios, forman parte de los hallazgos presentados durante la Décima Sesión Ordinaria del CPC, donde también se aprobaron medidas clave para fortalecer la integridad en el gobierno, proteger a pequeños negocios y transparentar el ejercicio notarial.
El diagnóstico también evidenció que, entre los servidores públicos que sí conocen los mecanismos para reportar irregularidades, 18 por ciento opta por acudir directamente a sus superiores jerárquicos, mientras que solo 6 por ciento menciona utilizar códigos de ética o protocolos institucionales.
Esta tendencia refleja una desconfianza en los canales formales o, en algunos casos, un desconocimiento sobre su existencia, ya que el 13 por ciento de los encuestados admitió que en sus áreas no existen sistemas claros para proteger la confidencialidad de denunciantes, lo que podría disuadir a funcionarios de reportar actos corruptos por temor a represalias. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de estandarizar y difundir protocolos de denuncia anónima y protección a testigos en todas las dependencias gubernamentales.
Entre los resultados más preocupantes destaca que 26 por ciento del personal ha recibido capacitación en ética, pero persiste un alto porcentaje que desconoce protocolos básicos, como manejar conflictos de interés o garantizar la confidencialidad de información sensible.
Ante esto, el CPC aprobó la creación de un curso obligatorio de inducción para servidores públicos, centrado en valores éticos y combate a la corrupción, que será presentado ante la Comisión Ejecutiva del sistema.
En otro tema, el CPC exigió una revisión exhaustiva del acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico que implementa el programa “Cero Multas”, el cual otorga plazos de 8 a 90 días a negocios para corregir irregularidades antes de imponer sanciones, que busca evitar abusos de inspectores, tras denuncias de que algunos amenazan con clausuras o multas pese a los nuevos lineamientos. El comité pidió vigilar su cumplimiento y difundir los derechos de las unidades económicas.
El CPC confirmó que existen denuncias de que en varios municipios se utilizan las visitas de verificación como pretexto para solicitar sobornos, amenazando con clausuras si no se accede a estos pagos “bajo la mesa”, por lo que alertó que estas prácticas no solo desvirtúan el espíritu del programa, sino que perpetúan esquemas de extorsión que afectan principalmente a negocios familiares y emprendedores.
El CPC también informó sobre avances en su colaboración con el Colegio de Notarios, con quienes acordaron tres proyectos: blindar los exámenes de oposición para aspirantes a notarios con criterios transparentes, crear un modelo de detección de riesgos de corrupción en su función y fortalecer la disciplina interna, incluso evaluando la creación de un órgano autónomo de vigilancia.
También, se presentó la guía para prevenir violencia política contra mujeres que integran los CPC municipales, herramienta urgente dado que 183 mujeres ocupan estos cargos en el Estado de México. El documento, ya entregado al Observatorio Ciudadano, detalla mecanismos de protección ante amenazas o discriminación por su labor.
Finalmente, el CPC destacó reuniones con alcaldías como Tejupilco y Temascaltepec para asegurar que sus sistemas anticorrupción funcionen, tras un exhorto de la Legislatura local. Además, integrantes del comité se sumaron a una certificación ética impulsada por Quintana Roo y avanzaron en la Red Nacional de CPC, donde revisan contratos y atribuciones para homologar estándares.
