Casi 60% de sistemas anticorrupción en Edomex no pueden operar plenamente: CPC

En 71 municipios de la entidad mexiquense los Sistemas Municipales Anticorrupción no pueden operar por falta de voluntad política de parte de los Ayuntamientos, señala Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta de Comité de Participación Ciudadana

**Claudia Margarita Hernández Flores r**econoció que persisten graves rezagos en el ámbito municipal / Foto: cortesía / CPC

Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca

Alrededor del 60 por ciento de los sistemas municipales en la entidad mexiquense no pueden operar plenamente por falta de apoyo de los ayuntamientos, ausencia de pagos a sus integrantes y obstrucción en el acceso a servidores públicos, aseguró la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción en el estado, Claudia Margarita Hernández Flores,

La presidenta del CPC reconoció que persisten graves rezagos en el ámbito municipal, donde los 71 municipios, que representa el 60 por ciento de los instalados, mantienen a sus tres integrantes, en semáforo verde, pero no necesariamente cuentan con las condiciones mínimas para desempeñar sus funciones.

‘Es obligación legal de los cabildos permitir que los comités trabajen, firmar los contratos de prestación de servicios, cubrir los pagos y, además, exigir que entreguen informes trimestrales de actividades. No se trata de un asunto voluntario’, afirmó.

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Hernández Flores señaló que entre las trabas que enfrentan los comités es que no se les permite acceso a información ni a servidores públicos, no se han cubierto sus prestaciones en su totalidad y no se realizan sesiones de los comités coordinadores municipales, que son obligatorias y donde deben participar las unidades de Transparencia, Contraloría Interna y el CPC local.

‘Si no hay sesiones de comité, no puede haber acciones para prevenir, detectar o sancionar la corrupción. Solo un 40 por ciento de los sistemas funciona con normalidad’, advirtió.

Siete municipios sin CPC

Además, enfatizó que actualmente siete sistemas municipales están completamente desinstalados, lo que significa que no tienen un solo integrante activo. Se trata de Aculco, Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Morelos, Polotitlán y Santo Tomás, que fueron catalogados en semáforo rojo.

Hernández Flores subrayó que la causa principal de la desinstalación no es el vencimiento de periodos, sino la falta de voluntad política, ya que en los siete municipios mencionados los integrantes no tenían contratos de prestación de servicios, o bien, cuando existían, los ayuntamientos dejaron de pagarles sus honorarios hasta por ocho meses consecutivos, lo que orilló a su renuncia.

Respecto a los siete municipios donde ya no hay integrantes de CPC, Hernández aclaró que si se busca su reinstalación, los gobiernos locales tendrán que cubrir los adeudos pendientes en caso de existir contrato, o bien iniciar nuevos procesos de contratación. Además, al haber renuncias, la ley obliga a iniciar un nuevo proceso de selección, ya que los exintegrantes no pueden reelegirse.

Posibles sanciones a alcaldes y cabildos

La presidenta del CPC advirtió que los municipios que incumplen estas obligaciones pueden ser sancionados administrativamente, pues la responsabilidad recae directamente en los presidentes municipales y sus cabildos.

‘El siguiente paso será dar vista a la Contraloría del Poder Legislativo para que inicie los procedimientos correspondientes’, puntualizó.

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Recordó que en 2024 se dio vista en el caso de Toluca, donde los integrantes renunciaron también por falta de pago, pero en lo que va de 2025 no se ha concretado ninguna notificación formal, aunque los siete casos ya están en análisis.

Ejemplos de buen desempeño

La presidenta del CPC destacó que incluso municipios con bajos recursos, como San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán, han logrado mantener sus comités trabajando al 100%, pese a los retos financieros y al hecho de que no figuran entre los mejor remunerados.

Hernández Flores reconoció avances en cuanto a la coordinación entre instituciones, academia, ciudadanía, sector empresarial y medios de comunicación, lo que ha permitido que el sistema funcione como un espacio de encuentro. Sin embargo, subrayó que aún hay áreas críticas, como la voluntad política municipal, indispensable para permitir la operación de los comités; desconfianza ciudadana en las instituciones, que reduce la participación.

A esto se suma la escasa denuncia de casos de corrupción, motivada por miedo y la falta de un esquema de protección al denunciante y la falta de profesionalización del servicio público, que mantiene la lógica de botín político en los ayuntamientos.

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