Aplica la UAEMex 22 inhabilitaciones a servidores públicos en 2025

El Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México aplicó sanciones por faltas administrativas no graves y turnó al Tribunal casos por presunto peculado, abuso de funciones y otras conductas graves detectadas durante 2025

rectoria — El Órgano Interno de Control de la UAEMex presentó el balance de sanciones e investigaciones administrativas correspondientes a 2025. / Foto: Archivo / El Sol de Toluca

Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca

Durante 2025, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) reportó la imposición de 22 inhabilitaciones a personas servidoras públicas universitarias, como parte de las sanciones derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa.

De acuerdo con el documento, presentado por la titular del OIC, Teresa Cruz Camarena se suman investigaciones por presunto peculado que involucran más de 1.3 millones de pesos, actualmente en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

El OIC proyectó 89 sentencias por faltas administrativas no graves: 35 abstenciones, 30 amonestaciones, tres públicas y 27 privadas, 22 inhabilitaciones y dos destituciones. Las inhabilitaciones representan la sanción más severa impuesta directamente por el órgano universitario en casos no considerados graves, y su efecto consiste en impedir temporalmente que la persona sancionada desempeñe empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

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mayoría de los procedimientos iniciados en el 2025 estuvieron relacionados con la omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses (DSP y DI), obligación prevista en la normativa anticorrupción. Sin embargo, el informe también da cuenta de faltas administrativas graves, cuya competencia para sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa.

En ese rubro, el OIC remitió cuatro expedientes por faltas graves, tres de ellos por presunto peculado. El monto total involucrado en esos tres casos asciende a 1 millón 302 mil 83 pesos con 51 centavos. Los asuntos se encuentran en trámite ante el Tribunal, instancia que determinará si existió responsabilidad y, en su caso, impondrá sanciones que pueden incluir inhabilitación de mayor duración, sanciones económicas e incluso destitución.

Sobre el presunto peculado

El presunto peculado implica la apropiación o uso indebido de recursos públicos por parte de servidores públicos, una conducta tipificada como grave en la legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas. Aunque el informe no detalla públicamente los nombres ni las áreas involucradas, sí confirma que los expedientes ya fueron sustanciados y turnados a la autoridad jurisdiccional competente.

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Además de los casos por peculado, el documento refiere la existencia de otras faltas graves detectadas durante 2025, entre ellas abuso de funciones, hostigamiento sexual y desacato, lo que refleja que la actividad disciplinaria del OIC no se limitó a incumplimientos formales, sino que también abordó conductas de mayor impacto institucional.

Auditorías

En paralelo, el órgano de control desarrolló acciones de fiscalización que incluyeron auditorías, verificaciones y visitas tanto en dependencias administrativas centrales como en espacios académicos. Parte de estas revisiones estuvieron vinculadas al proceso de elección de la Rectora para el periodo 2025–2029, en un contexto marcado por movilizaciones estudiantiles y suspensión parcial de actividades.

El informe subraya que, pese a ese escenario atípico, se mantuvo la actividad de investigación y substanciación de responsabilidades, donde en total, se recibieron 177 denuncias durante el año y se iniciaron procedimientos administrativos correspondientes.

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Cabe señalar que la resolución definitiva de los casos graves quedará en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que las sanciones por faltas no graves ya forman parte del balance disciplinario de 2025.

Con estos datos, el OIC busca reforzar el mensaje de rendición de cuentas al interior de la universidad, en un año que combinó tensiones institucionales, proceso electoral y acciones de control orientadas a prevenir y sancionar irregularidades en el manejo de recursos públicos.

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