Tras la aprobación de la reforma constitucional, el Congreso local deberá desarrollar las leyes secundarias que darán viabilidad jurídica, administrativa y presupuestal al nuevo juzgado.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
La Diputación Permanente de la Legislatura del Estado de México avaló la creación de juzgados especializados en órdenes y medidas de protección, como parte de una reforma constitucional que busca fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género y garantizar una atención inmediata a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
La aprobación deriva de una iniciativa conjunta presentada por los tres poderes del Estado y organismos autónomos, que propone la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano judicial especializado que operará las 24 horas del día, los 365 días del año, con competencia en todo el territorio estatal. Su función central será emitir y dar seguimiento a órdenes y medidas de protección de manera inmediata, eliminando trámites burocráticos y priorizando la seguridad de las víctimas.
La propuesta cuenta con el respaldo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y fue firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el presidente del TSJEM, Héctor Macedo García, así como por representantes del Poder Legislativo y organismos autónomos, en lo que se considera un esfuerzo interinstitucional sin precedentes en la entidad.
Datos oficiales señalan que 78.7% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 42 víctimas de feminicidio, lo que coloca a la entidad con la mayor incidencia a nivel nacional. A ello se suman dos Alertas de Violencia de Género, vigentes desde 2015 y 2019, que evidencian la insuficiencia de los mecanismos actuales de protección.
La reforma modifica los artículos 5 y 88 de la Constitución local, con el objetivo de establecer de manera expresa estos juzgados especializados y precisar que todas las autoridades, y no solo los entes públicos, tienen la obligación de actuar con debida diligencia reforzada en la protección de los grupos vulnerables. Esto implica no solo intervenir dentro de su ámbito de competencia, sino hacerlo de forma oportuna, eficaz y con perspectiva de género, en armonía con estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
El Juzgado LIBRE concentrará exclusivamente la emisión y supervisión de medidas cautelares y establecerá mecanismos de colaboración directa con cuerpos de seguridad, instituciones de salud y autoridades de procuración de justicia, para garantizar una respuesta integral ante situaciones de emergencia.
Además, se plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar la obligación de realizar evaluaciones de riesgo basadas en instrumentos técnicos antes de emitir órdenes de protección, con el fin de evitar arbitrariedades y adecuar las medidas al nivel de peligro que enfrenta cada víctima.
Tras la aprobación de la reforma constitucional, el Congreso local deberá desarrollar las leyes secundarias que darán viabilidad jurídica, administrativa y presupuestal al nuevo juzgado. Uno de los principales retos será contar con inmuebles adecuados, accesibles y funcionales para la instalación de estos órganos jurisdiccionales, así como la asignación de recursos económicos, que si bien ya están contemplados en la planeación financiera, deberán ajustarse a las condiciones de cada región.
