Aprueba Congreso mexiquense reforma constitucional, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; la prestación será por 12 meses mientras se capacitan para el trabajo
Redacción / El Sol De Toluca
Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Esta reforma establece que el Estado federal otorgará un apoyo económico mensual, equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren desempleados y no cursen estudios formales.
Como parte de su función en el Constituyente Permanente, la LXII Legislatura mexiquense respaldó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su propósito es que estos jóvenes puedan capacitarse para el trabajo durante un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, conforme a lo establecido en la ley.
La diputada Maricela Beltrán Sánchez, en representación del partido Movimiento Ciudadano, destacó que los 8,480 pesos mensuales que recibirán los beneficiarios representan un esfuerzo significativo del gobierno federal. No obstante, subrayó que este tipo de programas sociales son insuficientes si no van acompañados de estrategias a largo plazo que impulsen el empleo y el acceso a la educación.
Beltrán Sánchez enfatizó que su voto no es un “cheque en blanco” y que su bancada vigilará que estos recursos no sean utilizados con otros fines. Asimismo, llamó a fortalecer políticas públicas que brinden oportunidades reales y sostenibles a las juventudes.
El documento de la minuta, leído por la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM), destaca que el programa busca evitar que los jóvenes sean absorbidos por la economía informal o actividades delictivas. Al proporcionarles una alternativa productiva y capacitación en sectores estratégicos, se pretende generar oportunidades de empleo digno y reducir su vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia.
Además, se subraya que esta medida responde a una problemática social urgente, en la que la falta de oportunidades ha llevado a la exclusión y precarización laboral de este sector poblacional. En este sentido, la intervención del Estado se considera una obligación constitucional y una necesidad impostergable para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico.
