Buscan amnistía para indígenas y afrodescendientes presos en Edomex

Elizabeth Ríos

Durante su primera sesión ordinaria, los integrantes del Observatorio solicitaron que el comité esté conformado por personas expertas en derechos indígenas, con el fin de garantizar un análisis adecuado de cada situación.

Urgen acciones frente a violaciones sistemáticas

Señaló la necesidad de construir un padrón que permita conocer cuántas personas de este perfil están privadas de la libertad y bajo qué circunstancias ocurrió su proceso judicial.

Díaz Juárez celebró la participación de la Defensoría Pública, organizaciones civiles y abogados comprometidos con la defensa de los pueblos originarios.

Salud mental, prevención y enfoque de justicia

En su intervención, Armando Loizaga Pazzi, presidente del Instituto de Medicina Intercultural Nierika A.C., planteó que el comité también debe brindar atención a la salud mental y emocional de las personas privadas de la libertad y sus familias.

Propuso que los casos imputados a personas indígenas o afrodescendientes sean analizados a fondo desde el inicio, evitando llegar a una sentencia injusta que posteriormente deba ser revertida con la Ley de Amnistía.

‘Desde el principio del proceso judicial se debe instruir a ministerios públicos, jueces y magistrados para considerar la naturaleza y contexto de los pueblos indígenas’, apuntó.

Loizaga también subrayó el abismo ontológico y epistemológico entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano, por lo que celebró que el Observatorio permita la participación activa de la sociedad civil.

Mujeres indígenas, doblemente vulneradas

Nallely Flores Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Barra del Colegio de Abogados, advirtió que la violación de derechos humanos contra mujeres indígenas y afrodescendientes sigue siendo sistemática.

‘Estas mujeres no tienen acceso ni siquiera al conocimiento de sus derechos humanos, ni de las herramientas que el Poder Judicial ofrece’, indicó.

Por su parte, Karina Liliana Guadarrama Jaimes, presidenta de la asociación civil Más Vida Más Igualdad, señaló que se requiere actuar de inmediato para corregir los fallos del sistema judicial.

‘La amnistía no es impunidad, es un acto de humanidad. Es una medida de reparación para quienes han sido doble o triplemente víctimas: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres’, expresó.

Activistas llaman a transformar las instituciones

La activista afrodescendiente Luz María del Consuelo Rodríguez Rocha denunció que las mujeres indígenas en reclusión enfrentan discriminación, criminalización y abandono, muchas veces sin comprender sus procesos judiciales.

‘Es indispensable asumir esta realidad con seriedad y sensibilidad. No se trata de señalar culpables, sino de transformar las instituciones para que ninguna mujer sea juzgada desde el prejuicio o la ignorancia’, afirmó.

Gobierno estatal respalda el análisis de amnistía

La secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar, aseguró que el gobierno estatal está comprometido a corregir las omisiones del sistema y responder con transparencia.

‘La justicia no puede consolidarse sobre estructuras discriminatorias y excluyentes. Respaldamos el análisis de amnistía para mujeres indígenas, quienes han sido doblemente vulneradas’, expresó.