Carece Edomex de registros y protocolos para atender transfeminicidio: Activista

Ximena García

Explicó que la entidad enfrenta una cifra negra difícil de dimensionar porque las fiscalías no cuentan con criterios homogéneos que orienten la clasificación de los casos.

Una figura penal sin datos que la respalden

Montes de Oca señaló que, aunque organizaciones civiles reportan entre tres y cuatro crímenes de odio al mes en la entidad, esa información proviene de acompañamientos comunitarios y notas periodísticas, no de registros oficiales. 

“Sabemos que en el Estado de México ocurren crímenes de odio cada mes, pero no existe un registro formal porque no hay un protocolo estandarizado en las fiscalías y eso impide saber cuántos transfeminicidios hay realmente”, afirmó.

El activista advirtió que, sin lineamientos precisos, la tipificación corre el riesgo de convertirse en una herramienta aislada que no transformará la manera en que las instituciones investigan estos crímenes. 

En ese contexto, insistió en que la ausencia de datos confiables impide dimensionar la violencia y dificulta que el Poder Judicial reciba carpetas bien integradas.

La investigación se distorsiona desde el primer formulario

Otro de los problemas señalados es que la primera clasificación del caso suele depender de los policías municipales, quienes llenan formularios que en muchos casos no registran la identidad de la víctima de manera correcta. 

Cuando en esos documentos se coloca un nombre o un pronombre distinto al que la persona usaba en vida, ese error se arrastra en toda la investigación.

Además, comentó que, aun cuando existan servidores públicos con voluntad de aplicar la figura penal, la falta de criterios comunes provoca que cada carpeta se trate de manera distinta y que pocas lleguen a judicializarse como transfeminicidios.

Problema sistémico nacional

Durante la presentación del libro Transfeminicidio, los periodistas Emma Landeros y Joel Aguirre compartieron hallazgos que coinciden con lo señalado por Fuera del Clóset. 

“Cuando una nota se publica con información incorrecta, no solo se borra a la víctima, también se debilita la posibilidad de dimensionar la violencia específica que viven las mujeres trans”, dijo ante asistentes del encuentro en Calli.

Landeros añadió que la falta de uniformidad en el registro de datos profundiza la cifra negra y dificulta analizar patrones regionales. 

Recordó que en varios casos acompañados por colectivas, la familia retira del expediente cualquier rastro de la identidad de la víctima, lo que también genera silencios estadísticos.

Falta de sensibilidad en las redacciones

Emma Landeros y Joel Aguirre señalaron que persisten expresiones incorrectas y dudas sobre identidades trans, lo que deriva en coberturas sin perspectiva de diversidad y afecta la forma en que se reportan los crímenes de odio.

Los autores relataron que aún se escuchan en juntas editoriales comentarios que minimizan o confunden identidades trans. Aunque algunos medios aplican lineamientos, muchas veces lo hacen solo para evitar críticas públicas.

Advirtieron que el lenguaje influye en cómo se comprende la violencia. En varios estados aún se publican notas que describen transfeminicidios como el asesinato de “un hombre vestido de mujer”, lo que borra identidades y desfigura el contexto.

El registro oficial suele usar nombres asignados al nacer y pronombres masculinos, información que muchas redacciones replican sin cuestionar, lo que alimenta el subregistro y la percepción de casos aislados.

Periodistas y activistas pidieron capacitación permanente y la creación de protocolos editoriales con perspectiva de género, además de vínculos con organizaciones que acompañan estos casos, para evitar que el periodismo reproduzca la violencia.

Un avance legal que exige estructura institucional

Montes de Oca sostuvo que la tipificación del transfeminicidio es un paso necesario, aunque incompleto si no se atiende la estructura que permitirá aplicarla. 

Explicó que la fiscalía debe emitir lineamientos operativos y garantizar que el personal reciba formación específica sobre identidades y violencias basadas en prejuicio, de modo que cada carpeta sea integrada con elementos suficientes.

“El Estado debe reconocer la magnitud de esta violencia y construir mecanismos que den garantías reales a la población trans. Si no hay protocolos, la ley se queda en el papel”.