El nuevo programa permitirá a empresas e instituciones acceder al Certificado Verde y promover prácticas sustentables más allá del cumplimiento mínimo de la ley
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Auditoría Ambiental y Autorregulación, un proyecto que busca fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental, impulsar mejores prácticas productivas y reconocer a quienes superen los estándares mínimos en materia de protección al medio ambiente.
Con base en el acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno, entre lineamientos del Programa está la creación del Certificado Verde, un distintivo oficial que reconocerá públicamente a las unidades económicas e instituciones que acrediten un alto desempeño ambiental, donde dicho certificado contará con dos modalidades: Empresa Limpia, dirigida a establecimientos del sector privado, y Calidad Ambiental, enfocada en dependencias públicas y organizaciones privadas o sociales.
Para obtener esta certificación, las y los participantes deberán someterse a una auditoría ambiental integral, realizada por auditores registrados, en la que se evaluarán aspectos como el cumplimiento normativo, el manejo de residuos, las emisiones a la atmósfera, el uso eficiente del agua y la energía, el control de riesgos ambientales y las acciones de mejora continua. El certificado tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación.
Asimismo, se contempla la posibilidad de otorgar incentivos administrativos, fiscales o de reconocimiento público a quienes acrediten prácticas sustentables ejemplares, con el objetivo de fortalecer la competitividad, generar empleos verdes y reducir los impactos ambientales en la entidad.
El Programa también establece una metodología clara que incluye etapas de inscripción, apertura, ejecución de la auditoría, elaboración de un informe final, definición de planes de acción para atender inconsistencias y mecanismos de seguimiento y verificación por parte de la autoridad ambiental estatal.
El Programa fue expedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), y tiene como eje central la participación voluntaria de empresas, organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social que desarrollan actividades con incidencia ambiental.
Este esquema se sustenta en recientes reformas al Código para la Biodiversidad del Estado de México, así como en los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, particularmente en el eje de Bienestar Ambiental y acceso universal al agua. Además, se alinea con compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible y combate al cambio climático, como la Agenda 2030.
De acuerdo con las autoridades, este modelo de autorregulación busca ir más allá del enfoque sancionador, promoviendo una cultura de corresponsabilidad ambiental, en la que el cumplimiento voluntario y la adopción de tecnologías limpias se traduzcan en beneficios ambientales, sociales y económicos.
