Durante más de dos horas se expusieron casos, omisiones institucionales y vacíos legales que han convertido el procedimiento en un proceso lento, desigual y, en ocasiones, revictimizante para quienes buscan acceder al beneficio.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
En el Foro sobre la Ley de Amnistía realizado en el Congreso del Estado de México, familiares de personas privadas de la libertad, defensores de derechos humanos, especialistas y académicos coincidieron en que el mecanismo presenta fallas estructurales que obstaculizan su correcta aplicación.
En el foro, los colectivos denunciaron que el principal problema es la falta de criterios claros y homologados para determinar qué casos pueden avanzar y cuáles son desechados, pese a que la ley establece supuestos específicos, cada área involucrada, desde la defensoría pública hasta el Poder Judicial, opera con criterios distintos, lo que provoca resoluciones contradictorias y procesos que se prolongan por meses sin notificación formal a las familias.
Además, enfatizaron que la Ley de Amnistía fue creada para corregir injusticias históricas, procesos mal integrados, criminalización de la pobreza, detenciones arbitrarias, falta de intérpretes y defensas deficientes, pero hoy enfrenta barreras burocráticas que la vuelven inaccesible, puesto que, en muchos casos, las personas presas no conocen el procedimiento y dependen completamente de sus familias para que las solicitudes avancen, lo que deja en desventaja a quienes no cuentan con acompañamiento.
Desde su aprobación de esta Ley, se han acumulado en el Estado de México 10 mil 118 solicitudes de amnistía, de las cuales 3 mil 818 fueron tramitadas ante la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM) y 6 mil 300 ante el Poder Judicial del Estado de México (PJEM). De los totales 3 mil 120 han sido por parte del PJEM, mientras que en la CODHEM solo se han realizado 18.
En este sentido, Carlos Neyra Cruz, integrante del Instituto de la Defensoría Pública de la entidad, señaló que esta institución identificó múltiples violaciones procesales: detenciones sin respeto a derechos humanos, defensas técnicas deficientes, ausencia de traductores y perfiles de vulnerabilidad estructural que permanecen invisibilizados.
Entre los casos más críticos se encuentran mujeres criminalizadas por pobreza o violencia, muchas de las cuales solo acompañaban a los responsables del delito, y pueblos indígenas que enfrentan procesos sin intérprete adecuado en municipios como San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Villa Victoria o Ixtapan del Oro.
Organizaciones de la sociedad civil señalaron que otro de los puntos críticos es la falta de información pública actualizada sobre cuántas solicitudes están en trámite, cuántas han sido rechazadas y cuántas se mantienen en análisis. La opacidad, dijeron, impide evaluar la eficacia real del mecanismo y deja espacio para discrecionalidad. Incluso se mencionaron casos donde las autoridades locales no responden dentro de los plazos establecidos, lo que causa dilaciones indebidas.
Desde la Defensoría Pública, se sugirió la creación de un Observatorio de Amnistía que involucre al Poder Judicial, la Fiscalía, la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, así como programas de acompañamiento post-penal con apoyo psicológico, laboral y comunitario.
Familiares de personas privadas de la libertad compartieron testimonios sobre omisiones en la investigación, defensas públicas ausentes o sobrecargadas, y errores en las carpetas que no se han corregido pese a ser evidentes. Algunos relataron que han entregado la documentación completa en más de una ocasión, debido a que las instituciones extravían expedientes o solicitan documentos adicionales sin fundamento jurídico.
Por su parte, Veda Sarmiento Gutiérrez, de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, señaló la responsabilidad histórica del Poder Legislativo, que no supervisó los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y del Poder Judicial, cuyos tres expresidentes omitieron capacitar a jueces y magistrados, lo que derivó en que la segunda instancia judicial confirmara sentencias sin pruebas suficientes, violando sistemáticamente la presunción de inocencia.
Asimismo, José Humbertus Pérez Espinoza, activista y promotor de una iniciativa ciudadana de Amnistía, afirmó que los falsos culpables son producto de una estructura de corrupción estatal y presentó una propuesta para reformar los artículos 1, 16 y 18 de la Ley de Amnistía y de este modo corregir fallas estructurales y garantizar un acceso más justo a la amnistía.
Humbertus Pérez subrayó que la facultad de otorgar la amnistía corresponde a la Legislatura, y no a la Fiscalía ni al Ejecutivo, y advirtió que el artículo 4 actual es inconstitucional, ya que discrimina perfiles y limita los casos que pueden ser revisados. Además, argumentó que los dos amparos ganados por el colectivo respaldan que las opiniones consultivas no son vinculantes, y que la resolución final corresponde al Congreso, lo que garantiza que la amnistía pueda aplicarse de manera más justa y amplia.
Respecto a la posible discusión de la reforma presentada por la Gobernadora y la que presentó el activista, el diputado Octavio Martínez enfatizó que se busca sumar ambas iniciativas en la discusión en comisiones, lo que podría realizarse antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, en diciembre.
