La legislatura mexiquense se mantiene en funciones a través de la Comisión Permanente, desde donde se atienden los asuntos urgentes y se da seguimiento a los acuerdos pendientes.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El primer periodo de sesiones del Segundo año legislativo concluyó el 10 de diciembre y será hasta el 31 de enero cuando los diputados vuelvan a sesionar de forma consecutiva; sin embargo, existen pendientes legislativos que, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vásquez Rodríguez, que serán analizadas en comisiones, pero explicó que también tiene que revisarse su viabilidad y su utilidad real, y si son inviables, desecharlas.
En cuanto al calendario legislativo, el diputado dejó en claro que no está previsto un periodo extraordinario de sesiones en el corto plazo, ya que el Congreso del Estado de México se mantiene en funciones a través de la Comisión Permanente, desde donde se atienden los asuntos urgentes y se da seguimiento a los acuerdos pendientes.
De cara al arranque del siguiente periodo ordinario, Francisco Vázquez subrayó que la agenda inmediata del Congreso estará enfocada en temas de alta prioridad para la entidad, particularmente los relacionados con seguridad pública, donde destacan los trabajos legislativos en materia de combate a la extorsión y desaparición forzada, asuntos que ya se analizan en mesas técnicas y que requieren avances sustantivos sin dilaciones.
El legislador hizo un llamado a evitar rezagos innecesarios y a dar continuidad al análisis de los temas pendientes, con el objetivo de que el Congreso mantenga un ritmo de trabajo constante y productivo, pues señaló que la intención es cerrar los asuntos que ya cuentan con diagnóstico y discusión previa, sin abrir frentes nuevos que retrasen la toma de decisiones.
Señaló que entre el 5 de septiembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2025, explicó, se aprobaron 577 iniciativas de nuevas leyes y de reformas a diferentes ordenamientos y 100 puntos de acuerdo.
Vázquez Rodríguez refirió que entre las aprobaciones relevantes también está la despenalización del aborto, la simplificación administrativa, la creación del juzgado LIBRE para atender la violencia de género, garantizar la atención continua y sin discriminación para personas con VIH, la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, la ampliación de programas sociales para Víctimas de Violencia, la atención prioritaria a menores en emergencias, así como la “Ley Silla”.
Resaltó la aprobación de reformas para ofrecer más oportunidades laborales a jóvenes, educación socioemocional en escuelas, la creación de un programa de deschatarrización, acciones para proteger el medio ambiente, hasta 15 años de prisión por promover matrimonios infantiles, la tipificación del transfeminicidio, el derecho de infancias a una alimentación nutritiva.
Otras reformas fueron para garantizar el acceso de migrantes a programas sociales, ajustes legales para proteger el medio ambiente, la certificación de mandos policíacos municipales, la protección del patrimonio natural, elevar los programas sociales a rango constitucional, la reforma judicial, la de transparencia y el respaldo a las minutas federales.
Respecto a las iniciativas legislativas pendientes, Vázquez explicó que algunas propuestas no han avanzado por la falta de acuerdos, como es el caso de la Ley de Unidades Económicas, donde persisten diferencias con varios ayuntamientos debido a las atribuciones municipales en la autorización y regulación de nuevos negocios. No obstante, indicó que el tema se mantiene en análisis y podría retomarse una vez que se logren consensos básicos con los gobiernos locales.
En el caso de la Ley de Amnistía, el presidente de la Jucopo señaló que su discusión se encuentra en pausa, a la espera de definiciones y ajustes en el ámbito federal, con el fin de evitar contradicciones normativas y garantizar que cualquier reforma estatal esté debidamente armonizada con el marco jurídico nacional.
Finalmente, destacó que el Congreso realiza una revisión integral de las iniciativas que carecen de viabilidad presupuestal o impacto real, como parte de un proceso de depuración del rezago legislativo.
