Detienen a dos por la desaparición y homicidio de un sacerdote en Tultitlán
La Fiscalía mexiquense detuvo a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por su participación en la desaparición y homicidio de un sacerdote reportado como desaparecido desde el 31 de octubre.
Luis Lazcano / El Sol de Toluca
Además, se detectó que una motocicleta acompañó al vehículo durante su trayecto, unidad que posteriormente fue vendida por uno de los investigados.
El propietario de la motocicleta declaró que la había prestado a Brandon Jonathan “N”, quien le pidió ayuda para “ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían hecho un fraude”.
Cateo en Tultitlán revela indicios clave
Con la información obtenida, la Fiscalía identificó un domicilio en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, vinculado al sospechoso.
La reconstrucción de los hechos
De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre el sacerdote se trasladó en su vehículo al inmueble señalado, acompañado de una mujer. En el lugar ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
Los tres habrían convivido varias horas consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que el sospechoso presuntamente agredió con un arma punzocortante a la víctima, provocándole la muerte.
Posteriormente llegó María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon, y ambos habrían participado en la ocultación del cuerpo, el cual fue introducido en bolsas y amarrado a un sillón.
El 30 de octubre, los implicados trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.
Localizan el cuerpo y confirman identidad
El 11 de noviembre, agentes de la FGJEM acudieron al punto donde los detenidos afirmaron haber dejado el cuerpo.
Detenciones y antecedentes
La Fiscalía informó también que Brandon Jonathan “N” cuenta con antecedentes penales, tras haber compurgado una condena de 18 años de prisión por robo con violencia.
Una tercera persona, bajo investigación
Cabe resltar que el delito de desaparición cometida por particulares está tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y puede ser sancionado con hasta 50 años de prisión.
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