Lendaly Elizalde
El Gobierno municipal anunció la primera etapa luego de que hace casi medio año decenas de personas fueron desalojadas de este lugar que presenta fallas en la cimentación. Además contempla un esquema de crédito fiscal que permitirá al Ayuntamiento recuperar los recursos que podrían ser de hasta 3 millones de pesos
Luego de más de seis meses del desalojo de 20 familias por parte de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, el gobierno municipal anunció el inicio de la primera etapa para demoler un edificio de departamentos ubicado en una ladera de la colonia Ampliación Benito Juárez, que presenta un alto riesgo de derrumbe.
Esta semana, el alcalde Issac Montoya acudió al predio, ubicado en el número 175 de la calle Prolongación Sierra Madre del Norte, para informar a los vecinos de la zona (más de 50 personas) y a los antiguos residentes del inmueble que en los próximos días se realizarán evaluaciones técnicas preliminares para iniciar la demolición.
Durante su visita, el alcalde detalló que especialistas evaluarán si es seguro extraer los enseres de cuatro familias que aún permanecen dentro del edificio. El inmueble muestra signos visibles de deformación estructural, así como cimientos expuestos, lo que representa un riesgo de colapso.
El 3 de octubre de 2024, las autoridades evacuaron el edificio tras reportes de vecinos que notaron grietas y ruidos inusuales en los cimientos. Según dictámenes posteriores, Protección Civil detectó una falla en la cimentación, tanto en la parte trasera como en los muros colindantes con otras propiedades, derivada de deficiencias en las técnicas de construcción.
En ese momento, la administración municipal anterior afirmó que no existían condiciones para llevar a cabo una demolición controlada del edificio, de cuatro niveles, ubicado en la colonia Alfredo V. Bonfil. Por ello, equipos de emergencia permanecían atentos ante un posible colapso espontáneo.
A finales de diciembre de 2024, el ayuntamiento reconoció que no era posible avanzar con la demolición debido a diversas trabas legales y técnicas. El propietario del predio, Jorge Matus, interpuso un amparo para frenar la demolición, además de que las autoridades enfrentaron dificultades para localizarlo durante parte del proceso.
El alcalde Issac Montoya estimó hace un mes que la demolición tendría un costo de entre 1.5 y 3 millones de pesos, monto que deberá ser cubierto por el propietario del inmueble. Para ello, se contempla un esquema de crédito fiscal que permitirá al Ayuntamiento recuperar los recursos invertidos.
