La reforma al Código Penal tipifica la práctica conocida como “montachoques” como delito de extorsión y duplica las penas cuando las víctimas sean personas vulnerables.
José Ceballos
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó imponer penas de hasta 24 años de prisión a quienes provoquen incidentes de tránsito de manera intencional con el propósito de obtener beneficios económicos mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro. Con la reforma al Código Penal estatal, esta práctica, conocida popularmente como “montachoques”, será considerada como extorsión.
La iniciativa, promovida por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), fue avalada junto con una reserva para puntualizar que el delito se sanciona actualmente con hasta 12 años de prisión y hasta mil 500 días multa. No obstante, la reforma prevé una agravante que duplica las penas cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, con lo que podrán alcanzar hasta 24 años de cárcel y 3 mil días multa.
Durante la sesión deliberante, se destacó que en los últimos años se ha registrado un incremento de este modus operandi, perpetrado por grupos que provocan colisiones vehiculares para exigir compensaciones económicas. La legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, señaló que esta práctica involucra otras conductas delictivas como amenazas, daños materiales y lesiones.
El dictamen advierte que estas acciones han puesto en riesgo la integridad física y económica de las personas afectadas, especialmente en zonas urbanas, lo que ha generado preocupación ciudadana.
“Esta iniciativa busca disuadir estas conductas mediante mecanismos jurídicos claros y efectivos, además de fortalecer un modelo de seguridad vial basado en la prevención, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia”, señala el texto.
Durante la discusión, también se destacó que el Estado de México se posiciona entre las primeras entidades en legislar en la materia, junto con la Ciudad de México y Morelos.
