Edomex rebasa 158 por ciento de sobrepoblación en penales

Ximena García

Actualmente, la entidad mexiquense concentra 14.6% de toda la población penitenciaria del país, de acuerdo con el mismo registro oficial.

Presión desigual en penales 

Los datos oficiales muestran que la presión se concentra de forma particular en penales ubicados en la zona oriente de la entidad, entre ellos Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Santiaguito. 

En conjunto, estos cinco centros concentran una población excedente de 18 mil 789 personas, es decir, internos que se encuentran por encima de la capacidad instalada de estos penales.

Para dimensionar esta cifra, el excedente acumulado equivale a llenar más de ocho veces la capacidad total del penal de Santiaguito, uno de los centros penitenciarios más grandes del Estado de México, de acuerdo con los registros oficiales.

Tlalnepantla y Chalco, los casos más críticos

Otros centros con alta presión son Ecatepec, con un excedente de 4 mil 342 personas, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, con 3 mil 989, y Santiaguito, con 2 mil 950 internos por encima de su capacidad, de acuerdo con los mismos registros.

En contraste, existen centros que no presentan sobrepoblación. La Penitenciaría Modelo reporta 250 espacios disponibles, mientras que Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur y Sultepec también mantienen capacidad ociosa, según los cuadros oficiales.

Hacinamiento, cogobierno y violencia intramuros

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la sobrepoblación penitenciaria tiene efectos directos en las condiciones de internamiento. 

De acuerdo con la CNDH, cuando la población rebasa de manera significativa la capacidad instalada, se incrementa el riesgo de cogobiernos y autogobiernos, al disminuir el control efectivo de la autoridad sobre módulos y áreas comunes. 

En estos contextos, documenta el organismo, se eleva la probabilidad de riñas y hechos de violencia intramuros, al tiempo que surgen estructuras internas informales que asumen funciones propias de la autoridad penitenciaria.

Impactos en la salud y la reinserción social

A ello se suma la limitada cobertura de atención en salud mental en centros con alta saturación.

En centros rebasados, la operación cotidiana se concentra en resolver necesidades básicas de alojamiento y seguridad, en detrimento de estos programas.

Ampliaciones y personal como ruta institucional

Frente a este escenario, la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha planteado una estrategia institucional basada en el fortalecimiento de infraestructura y personal. 

De manera paralela, la Secretaría ha reconocido que el crecimiento de la población penitenciaria ha rebasado la capacidad operativa del personal de custodia. 

Según la propia dependencia, el sistema enfrenta un déficit de custodios penitenciarios, por lo que se contempla incrementar la plantilla como una de las medidas centrales para fortalecer el control institucional dentro de los centros.

Población vigilada como alternativa a la reclusión

Además de las ampliaciones físicas, el sistema penitenciario del Estado de México registra mil 807 personas bajo esquemas distintos a la reclusión tradicional, conocidas como población vigilada, de acuerdo con los registros oficiales. 

Se trata de personas que cumplen su sanción fuera del penal, pero bajo supervisión de la autoridad, como parte de los mecanismos legales para reducir la presión intramuros.

Del total, 130 personas accedieron a beneficios de libertad anticipada, de las cuales 62 se encuentran en tratamiento preliberacional, 54 en revisión parcial de pena, siete en libertad supervisada y siete bajo lo previsto en los artículos 68 o 75 del marco legal. 

A estas se suman mil 115 personas en condena condicional, además de 13 en tratamiento de semilibertad, 20 en tratamiento en libertad y 529 personas que realizan jornadas de trabajo en favor de la comunidad, todas bajo esquemas de vigilancia institucional.

Revisión de penas, un cuello de botella documentado

Diagnósticos en materia penitenciaria advierten que, mientras estos procesos no se agilicen ni se apliquen de forma sistemática, la presión sobre los penales del Estado de México continuará reflejándose en las condiciones cotidianas de internamiento.