Exceso de trabajo en ministerios públicos del Edomex afecta atención y confianza ciudadana
El Estado de México cerró 2023 con más de 324 mil delitos del fuero común y poco más de mil agentes, lo que genera una carga promedio de 309.9 casos por servidor.
Ximena García
El dato, incluido en el estudio más reciente sobre procuración de justicia difundido esta semana, coloca al Edomex entre los estados con mayor saturación del país.
Carga excesiva y rezago en la atención
La razón de 309.9 delitos anuales por agente ubica a la entidad en el quinto lugar nacional, solo detrás de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Campeche.
En promedio, cada servidor mexiquense debió atender más del doble de casos que sus pares en otras fiscalías, ya que la media nacional se situó en 152.7 delitos por agente.
Detrás de ese número hay oficinas con expedientes apilados, investigaciones que avanzan con lentitud y víctimas que esperan semanas para una cita o una respuesta.
Falta de confianza en la institución
En 28 entidades, incluido el Estado de México, la confianza en la fiscalía federal supera a la local.
El resultado coloca a la entidad por debajo del promedio nacional y refuerza un patrón que el propio INEGI describe: donde la carga de trabajo es mayor, la confianza tiende a disminuir.
En el caso mexiquense, la saturación del personal ministerial impacta en la atención al público, los tiempos de resolución y el seguimiento de las denuncias, factores que alimentan la desconfianza de las víctimas.
Más trabajo, menos resultados
El estudio señala que en las fiscalías estatales del país trabajan 58 mil 785 personas, de las cuales 24.1 por ciento son agentes o fiscales, 28.6 por ciento policías ministeriales y 8.2 por ciento personal pericial.
La proporción varía entre estados, pero en el Edomex la mayoría del personal se concentra en tareas de trámite y recepción, lo que reduce la capacidad de investigación y refuerza el círculo de lentitud.
Cada agente del Ministerio Público debe coordinar diligencias, acudir a audiencias, revisar carpetas, preparar informes y dar seguimiento a procesos judiciales, muchas veces sin apoyo suficiente.
El propio INEGI advierte que esta carga sostenida se traduce en demoras y en una percepción social de ineficacia.
Una brecha entre demanda y capacidad
Aunque las fiscalías estatales han incrementado su plantilla en los últimos años, el ritmo de crecimiento no compensa la demanda.
En el Estado de México, el rezago en la atención se mantiene pese a la digitalización de algunos trámites y la apertura de nuevas agencias.
La brecha entre la cantidad de delitos denunciados y la capacidad de investigación es amplia y afecta directamente la confianza ciudadana.
El reporte del INEGI muestra que el Estado de México enfrenta una de las presiones más altas en procuración de justicia, con una carga que supera la media nacional y una confianza pública aún distante de recuperarse.
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