El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio aseguró que las políticas públicas de prevención han sido fallidas en el Estado de México, dado que la entidad concentra el mayor número de feminicidios y desapariciones.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) junto con familiares de víctimas de feminicidio exigieron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, un plan integral y concreto para prevenir y erradicar la violencia feminicida.
En entrevista María de la Luz Estrada, directora del OCNF, advirtió que, pese a las dos alertas de género activas en la entidad, las políticas públicas han sido ‘un fracaso’, lo que se refleja en que el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes a nivel nacional, con un total de 833 de 2 mil 636 casos registrados entre 2015 y 2025.
El Estado de México fue la primera entidad en decretar una alerta de género en 2015, pero, según el OCNF, no ha servido para reducir los crímenes, ya que en palabras de María de Luz, las políticas de prevención han sido fallidas porque no se adaptan a las realidades de cada municipio.
‘Las políticas que se han hecho de prevención en el Estado de México han sido fallidas. Se tiene que trabajar y revisar. Y se tiene que trabajar bajo territorios, porque no podemos homologar políticas cuando no sabemos qué es lo que está vulnerando en los municipios’, criticó Estrada.
Ejemplificó que, en el caso de Fátima, la falta de seguridad en escuelas y espacios públicos permitió que los agresores actuaran, ya que vieron la oportunidad en un Estado que no protege.
Ante la ineficacia de las alertas de género, recomendó que es necesario mejorar la ejecución del Fondo de Reparación, ya que se requiere transparencia y accesibilidad para garantizar que las familias de las víctimas reciban el apoyo correspondiente, así como dotar de mayor presupuesto para prevención, porque la asignación de recursos debe enfocarse en medidas efectivas, como refugios, campañas educativas y capacitación en perspectiva de género.
Estimó que es necesario aplicar sanciones para servidores públicos negligentes, puesto que la impunidad se agrava cuando las autoridades encargadas de impartir justicia no cumplen con su labor y la reevaluación de las alertas, ya que es urgente analizar los resultados y rediseñar estrategias para que estas alertas tengan un impacto real en la reducción de feminicidios.
En este sentido, la directora del Observatorio indico que, aunque hubo una primera reunión con la Gobernadora Delfina Gómez en enero de este año, la mandataria incumplió un segundo encuentro pactado para el 25 de marzo, de ahí que el 25 de abril enviaron un oficio para reactivar la mesa técnica de trabajo, pero aún no hay respuesta.
‘Hacemos un llamado urgente a la gobernadora: ya no basta con escuchar, necesitamos actuar y saber ¿Cuál será su plan para aplicar esta sentencia de la Suprema Corte? Se tiene que revisar en un plan de medidas para que esto no siga pasando, revisar qué ha pasado con las alertas y dónde sigue habiendo deficiencias’, cuestionó Estrada.
También refirió que entre las demandas que busca visibilizar con la gobernadora está la revisión de las alertas de género y desapariciones, ya que la entidad mexiquense también tiene alerta en este delito doble alerta, la creación de un programa de seguridad con enfoque en escuelas y transporte público y la atención a familias de víctimas con protocolos claros para evitar revictimización.
Sobre el fallo de la Suprema Corte ocurrido el 14 de mayo sobre el caso de Fátima Quintana, que reconoce por primera vez que los padres de víctimas de feminicidio también son víctimas y
Respecto a lo anterior, evidenció que los feminicidios destruyen proyectos de vida y enferman a los sobrevivientes, ya que en muchas ocasiones las madres de las víctimas desarrollan cáncer o depresión severa por el estrés de la impunidad.
