Durante un acto solemne, las autoridades municipales ofrecieron una disculpa pública a los familiares de la víctima y reiteraron su compromiso de no repetición.
Alan Jimenez
La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, emitió una disculpa pública institucional a los familiares de una persona que murió en enero de 2020, mientras se encontraba bajo custodia en las oficinas del Juzgado Calificador municipal, hecho atribuido al uso excesivo de la fuerza pública durante la administración anterior.
Durante el acto la alcaldesa agradeció la presencia de la señora G. D. J. M. y de su hija C. A. G. D. J., en representación de H. J. G. P., esposo y padre de ambas, así como el acompañamiento de autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
La alcaldesa reconoció “de manera clara y sin reservas” que autoridades municipales de la administración anterior incurrieron, por acción u omisión, en hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos, al no proteger un derecho fundamental como la vida y la integridad personal. Subrayó que los juzgados cívicos son espacios destinados a atender faltas administrativas y no lugares donde deba ponerse en riesgo la integridad física de las personas.
Recordó que el 17 de enero de 2020, H. J. G. P. perdió la vida tras ser sometido por elementos adscritos a la entonces Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec de Morelos, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza, en contubernio con un servidor público de los juzgados cívicos que omitió brindar el auxilio necesario para evitar el desenlace fatal.
“Reafirmamos que ninguna circunstancia justifica la vulneración de los derechos humanos y lamentamos profundamente que no se haya actuado conforme a los principios de legalidad, respeto, justicia y humanidad que deben regir el servicio público”, expresó la presidenta municipal.
Indicó que los hechos no quedaron impunes, ya que los servidores públicos involucrados enfrentaron responsabilidades ante instancias judiciales y se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, a nivel municipal, se ordenó la intervención de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación de Seguridad Ciudadana y del Órgano Interno de Control, a fin de aplicar las sanciones correspondientes, derivadas de la Recomendación 10/2024 emitida por la CODHEM.
Como parte de las medidas de reparación del daño, la alcaldesa informó que, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realizaron estudios individualizados que permitieron establecer compensaciones económicas, las cuales fueron cubiertas por la actual administración municipal. Aclaró que estas acciones no devuelven la vida de la víctima, pero buscan subsanar, en la medida de lo posible, los daños ocasionados por la administración anterior.
“Expresamos una disculpa pública, única y sincera a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general. Aceptamos plenamente nuestra responsabilidad institucional y reconocemos el impacto profundo que estos hechos tuvieron en la dignidad, integridad y bienestar de quienes resultaron afectados”, señaló.
La alcaldesa reiteró su compromiso de que hechos como este no vuelvan a repetirse y anunció que su gobierno mantiene procesos permanentes de capacitación para los elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito en materia de derechos humanos, equidad, perspectiva de género y trato digno a la población. Aseguró que no se permitirá ningún acto de abuso ni trato inhumano por parte de servidores públicos durante su administración.
Durante el acto, la señora G. D. J. M. tomó la palabra y expresó que no debería estar ahí sino viviendo una vida cotidiana junto a su esposo y su hija. Relató que el abuso de autoridad, la corrupción y la negligencia de funcionarios públicos cambiaron por completo su vida y la de su familia, dejando una ausencia que, dijo, nunca podrá ser reparada.
“Nada me devolverá a mi esposo”, afirmó, al señalar que este acto representa un paso institucional hacia la justicia, pero no un cierre definitivo. Exigió el cumplimiento puntual de cada uno de los puntos de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, no solo por su caso, sino para evitar que otras familias enfrenten tragedias similares.
Finalmente, manifestó que aceptaba la disculpa pública como parte del protocolo de seguimiento de la recomendación, con la expectativa de que se traduzca en acciones concretas, verdad, justicia y garantías de no repetición, para que ningún ciudadano vuelva a sufrir una violación a sus derechos humanos como la que vivió su familia.
