Odilón López, líder transportistas, explicó que el ajuste llega en un contexto adverso, con precios elevados de combustibles, refacciones y seguros, mientras las tarifas permanecieron congeladas desde 2020.
Ximena García
El incremento de dos pesos al transporte público en el Estado de México resultará insuficiente para revertir la crisis que enfrenta el sector si no se frena la operación de unidades irregulares.
Así lo señaló el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, Odilón López Nava, tras la publicación del acuerdo que eleva la tarifa mínima a 14 pesos a partir del 15 de octubre.
El representante de los transportistas explicó que el ajuste llega en un contexto adverso, con precios elevados de combustibles, refacciones y seguros, mientras las tarifas permanecieron congeladas desde 2020.
Dijo que el incremento se queda corto respecto a las expectativas del gremio, que había solicitado elevar el pasaje a 16 pesos para poder solventar los gastos operativos.
‘Es apenas un respiro; estábamos hablando de un rescate de crisis. El Estado nos está ajustando a dos pesos cuando nuestra expectativa era distinta, pero seremos respetuosos de la determinación’, sostuvo.
López Nava insistió en que el ajuste solo tendrá efecto si la autoridad actúa contra la competencia desleal y el transporte pirata que opera en distintas regiones del estado, especialmente en el Valle de Toluca y el de México.
En estas zonas, dijo, continúan circulando vagonetas, taxis colectivos y unidades sin concesión que impactan tanto a los concesionarios legales como a los usuarios.
‘Si todo se deja a la tarifa, no va a ser suficiente. Se necesita una intervención real de la Secretaría de Movilidad en sus áreas operativas, fiscalizando, sancionando e incluso revocando concesiones donde sea necesario’, agregó.
El delegado señaló que la falta de control sobre las rutas y los permisos ha permitido la proliferación de servicios ilegales que no pagan derechos ni impuestos y operan sin medidas de seguridad.
Explicó que, en contraste, los transportistas concesionados cumplen con múltiples obligaciones y enfrentan una carga económica considerable.
Pidió además una actuación coordinada entre las secretarías de Movilidad, Seguridad, Finanzas y Gobierno para retirar a las unidades irregulares que actualmente operan sin registro, lo que calificó como indispensable para que el nuevo esquema tarifario funcione.
‘El transporte irregular cobra más del doble de la tarifa autorizada y sigue creciendo sin supervisión. No se puede sostener un sistema sobrerregulado junto a otro totalmente fuera de control’, advirtió.
De acuerdo con la resolución publicada por el gobierno estatal, los concesionarios deberán renovar su parque vehicular conforme a la vida útil autorizada, mantener seguros vigentes, capacitar a operadores y contar con cámaras de videovigilancia.
También deberán adoptar la cromática oficial Movimex antes de que concluya el año y someterse a la reestructura que incluye el canje de permisos individuales por concesiones únicas.
Además, cada unidad tendrá que portar la pirámide tarifaria validada por la Dirección General de Movilidad correspondiente, con holograma y código QR que acredite su autenticidad. Cualquier cobro fuera de lo autorizado será motivo de sanción o revocación de la concesión.
López Nava reconoció que se trata de compromisos importantes para el sector, aunque reiteró que su cumplimiento dependerá de que la autoridad garantice condiciones equitativas y controle a los prestadores irregulares.
Añadió que la Canapat analizará los pormenores del acuerdo, en especial los plazos, las condiciones para la reestructura y la aplicación efectiva de la tarifa.
‘Vamos a revisar punto por punto lo que establece la Gaceta. Queremos entender a detalle cómo se aplicarán las obligaciones, qué mecanismos de supervisión habrá y cómo se garantizará que la tarifa se respete en todo el estado’, señaló.
El dirigente de la Canapat advirtió también que las plataformas digitales y motocicletas de reparto operan fuera del marco regulatorio, sin capacitación ni requisitos de seguridad, y que en muchos casos cobran tarifas más altas que las del transporte público.
Pidió al gobierno estatal y federal revisar su funcionamiento, ya que —dijo— el transporte concesionado está sobrerregulado mientras que esos servicios actúan sin supervisión ni obligaciones fiscales.
Finalmente, López Nava afirmó que los empresarios del transporte cumplirán con las nuevas disposiciones, pero insistió en que el incremento no resolverá la crisis del sector si no se erradica el transporte ilegal y se garantiza la aplicación pareja de la ley.
