Kenia Hernández pide a CAPUFE concretar acuerdos para recuperar su libertad

Encarcelada desde 2020, la defensora afroindígena busca justicia restaurativa para concluir procesos penales

Ximena García

La defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, de origen afroindígena, solicitó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) concretar los acuerdos reparatorios necesarios para resolver los procesos penales en su contra y avanzar hacia su liberación.

Hernández Montalván se encuentra recluida en el Centro de Prevención y Readaptación Social (CPRS) Neza Sur, desde julio de 2024, tras haber permanecido en el CEFERESO 16 de Morelos desde octubre de 2020.

Acusaciones legales y el papel de CAPUFE

La defensora enfrenta cinco procesos penales relacionados con el delito de “Ataques a las Vías de Comunicación” en su modalidad de interrupción parcial de servicios.

Estas acusaciones están radicadas en los Centros de Justicia Penal Federal de Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; y Guanajuato, Guanajuato, bajo las causas 320/2020, 83/2021, 105/2022, 39/2021 y 203/2024, respectivamente. En todas estas denuncias, CAPUFE figura como la parte ofendida.

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Sin embargo, el 14 de enero de este año, la CAPUFE, en colaboración con la Fiscalía General de la República, solicitó la suspensión del proceso penal para abrir la posibilidad de acuerdos reparatorios entre las partes involucradas.

Este mecanismo permitiría resolver las causas legales de Hernández Montalván y facilitar su libertad.

La petición de la activista

Mediante una carta dirigida al encargado de despacho de la Dirección General de CAPUFE, Rubén Arturo Hernández Bermúdez, la activista Kenia pidió que se instruya a los representantes legales del organismo para proceder con los acuerdos reparatorios en el marco de una cultura de paz.

En su mensaje, destacó que su liberación no solo le permitiría retomar su vida, sino también cumplir con su responsabilidad de cuidar a sus dos hijos menores de edad.

Asimismo, informó que su hijo, Joel Silvino, se reunió el 18 de enero con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien manifestó disposición para abordar su situación.

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Apoyo social y contexto internacional

Más de 400 organizaciones sociales, legisladores y colectivos nacionales e internacionales han respaldado a Hernández Montalván, además de que sumaron a la exigencia de que se logre el cese de la criminalización de su labor como defensora de derechos humanos.

Entre los grupos de apoyo destacan la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y organismos internacionales, que han denunciado su caso como ejemplo de hostigamiento y judicialización de la protesta social en el país.

El caso de Kenia Inés Hernández ha sido calificado por diversas instituciones como un símbolo del uso indebido del sistema penal contra defensores de derechos humanos, particularmente en contextos de lucha por derechos indígenas y campesinos.

Hacia la justicia restaurativa

Hernández Montalván expresó su confianza en que las partes involucradas avancen hacia un mecanismo de justicia restaurativa que concluya de forma pacífica el conflicto, en apego a derecho.

Según afirmó, esta solución contribuiría a la construcción de un entorno más justo y solidario, en beneficio de todas las partes.

Se espera que CAPUFE atienda la solicitud con prontitud, lo que permitiría a la defensora recuperar su libertad y reintegrarse a su vida familiar y laboral.

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¿Quién es Kenia Hernández?

Kenia Inés Hernández Montalván es una defensora indígena amuzga de derechos humanos, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Su labor se ha centrado en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas, así como en la protección de los derechos de las mujeres.

Fue coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG).

Además, Hernández Montalván ha acompañado a sobrevivientes de violencia machista, familiares de víctimas de feminicidio y personas injustamente privadas de su libertad.

También ha apoyado a comunidades afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en México.

Su activismo la llevó a impulsar y defender la Ley 701, que otorga un marco legal a las comunidades indígenas para encargarse de su seguridad y sistemas de justicia.

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Las detenciones de Kenia

El 6 de junio de 2020, Hernández Montalván fue detenida mientras participaba en una manifestación pacífica en la caseta de peaje Hortaliza-Valle de Bravo, en el Estado de México.

Fue acusada de ‘robo agravado’ y estuvo en prisión preventiva hasta el 11 de junio de 2020, cuando se le concedieron medidas cautelares sustitutivas de libertad.

Meses más tarde, el 18 de octubre de 2020, fue capturada nuevamente en la caseta de Amozoc, Puebla, por elementos policiales que no informaron las razones de su detención en ese momento.

Posteriormente, se le imputaron cargos de ‘robo con violencia’. Tras su detención, fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

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El 25 de octubre de 2020, antes de que pudiera ser liberada por la segunda detención, la Fiscalía General de la República solicitó una nueva orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de ‘ataques a las vías de comunicación’.

Como resultado, Hernández Montalván fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, en Coatlán del Río, Morelos, y después traslada al penal Neza Sur.

Estas detenciones y procesos judiciales han sido objeto de preocupación por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que consideran que podrían estar relacionados con su labor en defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.