La reforma judicial no combate la impunidad, solo cambia a los titulares: Cossío Díaz

El ministro en retiro, José Ramón Cossio subrayó que, mientras la reforma se centra en cambiar titulares, otras transformaciones urgentes, como la reforma penal, laboral y civil, están estancadas.

josé_ramón_cossio_poder_judicial_archivo — El ministro en retiro advirtió que, sin una reestructuración profunda, el sistema Judicial podría colapsar / Archivo: El Sol de México

Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió que esta transformación del Poder Judicial no ataca el problema central de la impunidad en el país, que ronda el 94%, sino que se limita a cambiar a los titulares de esta institución mediante un cuestionable proceso de elección popular.

Durante una conferencia en las instalaciones del PRD Estado de México, analizó en profundidad la reforma judicial impulsada por el gobierno federal y recordó que la reforma, presentada, redujo de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte, eliminó las salas Primera y Segunda, y creó un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces y magistrados sin posibilidad de recurso.

Sin embargo, destacó que estos cambios no modifican los procedimientos judiciales, ni mejoran a los ministerios públicos, las policías o los servicios periciales, que siguen siendo ineficientes.

‘Con esta reforma judicial no va a mover ni un punto porcentual. La impunidad puede mantenerse en 94, 95 por ciento y cualquiera que sea la condición del margen que se mueva esto, será pequeñísimo’, afirmó.

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Asimismo, el exministro criticó el proceso de elección de jueces, que se llevó a cabo con una serie de irregularidades y señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) operó con la mitad de las casillas utilizadas en elecciones presidenciales, sin representantes de partidos en las sesiones decisorias, contraviniendo el Artículo 41 constitucional, y con un sistema de recuento opaco donde las boletas no fueron destruidas, sino trasladadas sin garantías de transparencia.

‘Es preocupante que se haya utilizado este modelo, porque en 2027 se elegirá no solo a jueces, sino a gobernadores y legisladores. Si repiten este sistema, la legitimidad estará en entredicho’, advirtió.

Disciplina Judicial inapelable

Uno de los puntos más alarmantes, según Cossío, es el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco personas, tres del antiguo Consejo de la Judicatura y dos nuevas, que podrá sancionar a jueces con criterios ambiguos como ‘conductas contrarias a la administración de justicia’, donde a diferencia del sistema anterior, los sancionados podían recurrir ante la Suprema Corte, ahora las decisiones de este tribunal serán inapelables.

‘Si lo dejamos mal diseñado, será un órgano de control discrecional, como entrenar perros a golpes: cuando hagan algo que no les guste, les darán el periódicazo’, ejemplificó.

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El académico también alertó sobre el riesgo de que jueces electos se sientan más comprometidos con sus bases políticas que con la ley, y ejemplicó cómo la delincuencia organizada podría meterse al sistema judicial a través de los jueces.

‘Si un grupo delictivo ayudó a que un juez llegara, ¿a quién le responderá? ¿A la ley o a quienes lo impulsaron?’, cuestionó. Además, mencionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya desaconsejó replicar el modelo mexicano, lo que generó un enérgico rechazo del gobierno.

Reformas más urgentes

El ministro en retiro destacó que, mientras la reforma judicial se enfoca en cambiar a los titulares del Poder Judicial, otras transformaciones urgentes llevan años estancadas, como la reforma penal, que desde 2008 no ha logrado modernizar por completo a policías y ministerios públicos, la reforma mercantil para implementar juicios orales en asuntos de alta cuantía, y la reforma civil y familiar, que avanza a cuentagotas en los estados.

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Advirtió que, sin una reestructuración profunda, el sistema colapsará, pues los jueces federales actuales manejan hasta mil 500 asuntos anuales, pero en un modelo de juicios orales, que requieren más tiempo y recursos, esa carga sería insostenible.

‘Un juzgado tradicional necesita 30 personas; uno oral, muchas más. Si no se ajustan las plantillas y los procesos, tendremos jueces rebasados y justicia más lenta’, alertó. La reforma, insistió, no solo debe cambiar quién juzga, sino cómo se juzga.

Cossio Díaz finalizó diciendo que la reforma judicial, más que una solución, parece un experimento arriesgado que podría debilitar la independencia del Poder Judicial sin mejorar el acceso a la justicia ni reducir la impunidad, por lo que es necesario vigilar su implementación y exigir ajustes antes de que los daños sean irreversibles.