Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
La Secretaría de Salud del Estado de México cuenta con la infraestructura, el personal médico y los insumos necesarios para garantizar una atención segura e integral a las mujeres que opten por interrumpir su embarazo, afirmó la diputada Zaira Cedillo, impulsora de la legislación.
En entrevista, la legisladora destacó que las reformas complementarias a la despenalización del aborto podrían aprobarse sin complicaciones y sin necesidad de un aumento significativo en el presupuesto destinado a los servicios de salud.
Reconoció que existen cuestionamientos sobre la suficiencia presupuestaria y la capacitación del personal médico, pero aseguró que estos temas pueden resolverse mediante el diálogo con las dependencias involucradas.
“La Secretaría de Salud ya cuenta con la infraestructura y el personal necesario. Si se pueden atender partos, también se pueden atender abortos, que incluso requieren menos insumos y medicamentos”, señaló Cedillo.
Subrayó que el enfoque principal será reforzar la capacitación del personal médico para garantizar atención con perspectiva de género, libre de estigmas y sin revictimización hacia las mujeres.
Entre las dependencias que participarán en la revisión y dictaminación de las reformas se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de precisar los alcances técnicos, presupuestales y de acompañamiento institucional. Cedillo aclaró que el papel del Congreso es legislar, mientras que la ejecución corresponde a las autoridades administrativas.
Aunque el Estado de México no cuenta con una Ley de Salud estatal, la diputada recordó que la atención a la interrupción legal del embarazo está regulada dentro del Código Administrativo, por lo que no existen vacíos legales que impidan su aplicación. Además, destacó la coordinación con instancias federales como IMSS-Bienestar e ISSSTE, que ya brindan servicios de salud reproductiva y atención a mujeres en territorio mexiquense.
Respecto a los tiempos de implementación, explicó que, una vez aprobadas y publicadas las reformas en la Gaceta Oficial, las instituciones tendrán entre 90 y 120 días para iniciar la ejecución de los nuevos lineamientos. Durante ese periodo deberán capacitar al personal, informar a las unidades médicas y establecer los protocolos de atención.
“Después de aprobar las leyes, viene la parte más importante: vigilar su ejecución. Las mujeres deben tener la certeza de que recibirán atención médica oportuna y sin discriminación”, afirmó la diputada.
Cedillo también hizo un llamado a colectivos feministas y a la sociedad civil para acompañar el proceso con información y seguimiento responsable, pues la consolidación de estos derechos requiere la participación de todos los sectores.
La legisladora concluyó que el trabajo coordinado entre las instituciones estatales y federales garantizará acceso a servicios médicos seguros, asequibles y con calidad, cumpliendo con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar las barreras legales que afectan a mujeres y personas gestantes.