Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado acompañante de madres de víctimas, señaló que a una década de aplicarse la perspectiva de género desde el inicio en toda muerte violenta de mujer, las prácticas institucionales siguen sin ajustarse a ese mandato.
Ximena García
La reducción en los casos tipificados como feminicidio en el Estado de México no obedece a una disminución real de la violencia contra las mujeres, sino a una estrategia institucional para maquillar las cifras. Así lo denunció Pablo Navarrete Gutiérrez, defensor de derechos humanos y abogado acompañante de madres de víctimas, quien advirtió que las autoridades evitan clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidios para evitar el impacto estadístico.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de este año se registraron 19 feminicidios en la entidad, mientras que en ese mismo periodo se contabilizaron 75 homicidios dolosos de mujeres.
Para Navarrete, esta diferencia evidencia una negación sistemática del contexto de violencia de género y una falta de voluntad para aplicar el protocolo que obliga a investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo la figura de feminicidio.
El abogado señaló que, a 10 años de la sentencia de la Suprema Corte que ordenó aplicar la perspectiva de género desde el inicio en toda muerte violenta de mujer, las prácticas institucionales siguen sin ajustarse a ese mandato.
Indicó que en lugar de que la investigación determine si se trata o no de un feminicidio, la fiscalía desecha de entrada esa posibilidad, lo cual revictimiza a las familias y reduce la posibilidad de sancionar a los responsables.
En entrevista con El Sol de Toluca, lamentó que la figura jurídica creada para visibilizar la violencia feminicida se utilice cada vez menos, lo que contradice su propósito y favorece la impunidad.
Asimismo, consideró que la disminución en la clasificación de feminicidios busca proyectar una narrativa institucional de éxito, aunque en los hechos la violencia contra las mujeres continúe.
El defensor de derechos humanos advirtió que otro problema relacionado con el maquillaje de cifras es la clasificación inicial de muchas muertes de mujeres como suicidios o accidentes, sin que se realice una investigación profunda con perspectiva de género.
Explicó que esta práctica no solo impide el acceso a la justicia, sino que también encubre posibles feminicidios al asumir, desde el primer momento, que no hubo responsabilidad de terceros.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso de Mariana Lima, cuyo asesinato fue presentado inicialmente como un suicidio.
Fue gracias a la insistencia de su madre y a una sentencia de la Suprema Corte que se reconoció que existían elementos suficientes para investigarlo como feminicidio.
A pesar de ello, señaló que a lo largo del país, incluidas entidades como el Estado de México, muchas muertes se clasifican de forma prematura sin agotar las líneas de investigación correspondientes.
De acuerdo con Navarrete, esta omisión forma parte de una estructura institucional que privilegia la protección de estadísticas por encima del esclarecimiento de los hechos.
Alertó, además, sobre un aumento del 16% en los casos de suicidio de mujeres a nivel nacional en los últimos 10 años, lo que, a su juicio, debería encender las alarmas y llevar a revisar si en algunos de esos casos hubo presión, violencia o inducción previa.
En este contexto, insistió en que todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluidos los que aparentemente son suicidios o accidentes, deben investigarse como posibles feminicidios desde el inicio.
Solo una indagatoria seria, dijo, puede confirmar o descartar la existencia de violencia de género, en lugar de asumir su ausencia desde el primer contacto con el hecho.
Además del subregistro, Navarrete expuso que en los últimos años las sentencias por feminicidio han tendido a reducirse.
Aunque el Estado de México encabeza el número de condenas, también presenta una disminución de hasta 25 años en las penas impuestas respecto a la sanción máxima.
Este debilitamiento, dijo, representa un mensaje permisivo que favorece a los agresores.
Mencionó que hay casos en los que, tras una sentencia ejemplar en primera instancia, los Tribunales de Alzada reconfiguran el delito, disminuyen la pena o incluso modifican la tipificación, a pesar de que se trata de hechos que involucran a funcionarios públicos o intentos por ocultar la violencia, como ha ocurrido en casos que inicialmente fueron presentados como suicidios.
Los municipios mexiquenses también aparecen entre los 20 con mayor concentración de delitos a nivel nacional. Según el SESNSP, Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos registran cada uno 1.1% del total de delitos en el país durante 2025, lo que los ubica en el grupo de mayor incidencia.
En el Estado de México se han emitido dos alertas de género; la primera, en julio de 2015, por feminicidio en once municipios; y la segunda, en septiembre de 2019, por desaparición de mujeres en siete localidades.
Sin embargo, organizaciones y defensores han señalado que la violencia persiste y que los mecanismos institucionales no han dado los resultados esperados.
En este contexto, Navarrete consideró relevante la iniciativa presentada ante el Congreso mexiquense para sancionar penalmente a funcionarios que obstruyan la justicia en casos de violencia de género, pero subrayó que su impacto dependerá de que se acompañe con procesos de sensibilización y capacitación al personal del sistema judicial.
