Diana obtuvo una sentencia de custodia en 2024 pero no ha logrado ejecutarla; activistas denuncian omisiones en la tipificación aprobada por el Congreso local
Ximena García
A un día de que el Congreso del Estado de México aprobara la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, mujeres organizadas en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria cuestionaron que la reforma se haya aprobado sin reconocerla como violencia de género ni garantizar su aplicación efectiva.
Entre ellas, Diana, madre de una hija separada desde hace más de dos años, advirtió que la nueva ley no garantiza justicia real para las víctimas.
La violencia vicaria ya estaba reconocida en el Estado de México desde junio de 2022, como parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese momento, se definió como el daño físico, emocional o patrimonial ejercido a través de personas dependientes de la víctima.
Sin embargo, la reciente reforma aprobada por el Congreso local la incluye como modalidad de violencia familiar y no la reconoce como violencia de género, lo que, según activistas, limita su alcance.
Diana vive en León, Guanajuato, y desde 2022 lucha por recuperar a su hija, quien fue retenida por su padre en el Estado de México.
En febrero de 2024 obtuvo una sentencia definitiva que le otorgaba la guarda y custodia, así como la restitución inmediata de la menor, pero hasta ahora sigue sin poder ejecutarla.
‘Desde que me otorgaron la sentencia definitiva a mi favor, no he podido hacerla valer. Él ha promovido incidentes, apelaciones, amparos. Todo para evitar cumplir con lo que ordenó el juez’, relató en entrevista con El Sol de Toluca.
A lo largo del proceso, sólo ha logrado convivir con su hija en pocas ocasiones, y no ha sido incluida en actividades escolares ni tiene acceso a sus calificaciones, pese a no tener ninguna restricción legal.
Integrante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Diana señaló que la reforma fue aprobada sin consulta a las colectivas ni a las víctimas, y sin incorporar la perspectiva de género reconocida por la Suprema Corte.
‘La violencia vicaria es una violencia de género, y al ponerla como parte de la violencia familiar están abriendo la puerta a que otros la denuncien de forma incorrecta. Eso nos deja más vulnerables a las víctimas reales’, afirmó.
Desde el colectivo han advertido que la falta de claridad en la definición permite que agresores usen esta figura para manipular procesos de custodia o convivencia.
Además de las acciones del agresor, la madre acusó omisión por parte de las autoridades, que han permitido prolongar sin razón legal la ejecución de la sentencia.
‘Yo llevo más de un año con una sentencia que no puedo ejecutar. Eso también es violencia institucional’, aseguró.
Diana señaló también que participan otros actores, como familiares y personal educativo, que omiten actuar en favor de la víctima.
Se estima que en el Estado de México hay aproximadamente mil casos pendientes de violencia vicaria ante la Fiscalía local. Aunque la cifra exacta podría ser mayor, esta suma evidencia un problema sistemático que la reciente reforma no enfrentará si no se aplica con perspectiva de género y operatividad real.
