La nueva ley, presentada por el ejecutivo estatal, integra telemedicina, vapeadores y emergencias con “códigos” de atención
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
La nueva Ley de Salud del Estado de México sustituirá al actual Libro Segundo del Código Administrativo vigente desde 2001 y busca coordinar a todas las instituciones públicas, sociales y privadas que prestan servicios de salud en un solo sistema estatal que garantice el acceso universal y gratuito a la población sin seguridad social.
De acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo Estatal, esta normativa responde a las necesidades actuales de los más de 17 millones de mexiquenses, luego de que el modelo de simplificación administrativa implementado hace 25 años resultara insuficiente frente a la complejidad del sistema sanitario y la evolución de los derechos humanos en materia de salud.
La nueva ley establece que la Secretaría de Salud será la autoridad rectora del sector y se apoyará en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y en diversos organismos especializados para operar los servicios entre los que destacan el Centro Estatal de Trasplantes, el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, los Servicios de Urgencias del Estado de México y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM).
Uno de los cambios más relevantes es la creación del Sistema Estatal de Salud como máxima autoridad en la materia, que integrará a todas las instituciones que prestan servicios en la entidad, tanto públicas como el ISEM, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, así como a prestadores privados y sociales. Este sistema tendrá como objetivo facilitar el desarrollo de políticas públicas transversales y mecanismos de colaboración para garantizar el derecho a la protección de la salud.
La iniciativa también incorpora por primera vez en la legislación estatal los conceptos de vigilancia e inteligencia epidemiológica como herramientas permanentes para la recolección y análisis de información que permitan prevenir, contener o controlar riesgos y daños a la salud. Además, ante emergencias sanitarias, se faculta a la Secretaría para convocar de inmediato a todos los prestadores de servicios cuya intervención sea necesaria para salvaguardar a la población.
En materia de atención de urgencias, la ley establece la obligatoriedad de diversos códigos de emergencia como el Código Infarto para atención de infarto agudo al miocardio, el Código Mater para emergencias obstétricas, el Código Vida para donación y trasplante de órganos y el Código Morado para pacientes con agitación psicomotriz que pongan en riesgo su vida o la de los demás. Estos códigos serán de observancia general y obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud públicos, sociales y privados.
Respecto a la atención prehospitalaria, se crea el Centro Regulador de Urgencias Médicas y el Sistema Interinstitucional de Respuesta Inmediata Prehospitalaria, que concentrará en tiempo real la información sobre capacidades instaladas para optimizar la gestión de recursos, agilizar la atención y reducir tiempos de respuesta ante emergencias. El documento especifica que todo traslado derivado de una urgencia médica deberá ser gratuito y bajo ninguna situación se podrá solicitar pago alguno.
La iniciativa dedica un capítulo especial a la donación y trasplante de órganos y tejidos, creando el Sistema Estatal de Donación y Trasplante y el Registro Estatal de Enfermedades Crónicas Trasplantables, que se alimentará con información de todos los prestadores de servicios que atiendan pacientes con insuficiencia orgánica terminal. Las estadísticas que produzca este registro servirán de base para emprender políticas en favor de la donación.
En materia de salud mental y adicciones, la ley declara estas áreas como prioritarias y crea la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones para coordinar servicios especializados en los tres niveles de atención. Se establece también la obligación de implementar campañas permanentes de concientización para la prevención de adicciones y se faculta a la Secretaría para vigilar los centros públicos, sociales o privados que atienden trastornos de salud mental.
Uno de los aspectos más novedosos es la regulación expresa de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, instruyendo a la Secretaría para establecer y fortalecer entornos libres de su uso, promoción y consumo en espacios educativos, deportivos, culturales, recreativos y de atención a la salud. También se ordena reforzar la vigilancia sanitaria y el control de su disponibilidad, conforme a la normatividad aplicable.
La iniciativa también aborda la interrupción legal del embarazo, estableciendo que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo en los casos permitidos por el Código Penal del Estado de México, mientras que las instituciones públicas deberán brindar servicios de atención médica gratuita, universal y de calidad, sin condicionamiento y libres de violencia, estigma o discriminación. Se regula además la objeción de conciencia del personal médico, estableciendo plazos y procedimientos para canalizar a las pacientes con personal no objetor.
En cuanto a la violencia de género, se establece que toda persona víctima de violencia sexual tendrá derecho a recibir atención médica, psicológica y preventiva de forma inmediata, sin condicionamiento alguno y sin necesidad de presentar denuncia penal. Esta atención deberá incluir anticoncepción de emergencia dentro de las primeras 72 horas, profilaxis para infecciones de transmisión sexual y primeros auxilios psicológicos.
La ley también incorpora la figura de los Comités Hospitalarios de instauración obligatoria en todas las unidades médicas, como el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, el Comité para la Detección y Control de Infecciones y el Comité de Bioética, entre otros. En hospitales con atención materno perinatal se deberá contar además con comités específicos de mortalidad materna y lactancia materna.
En materia de regulación sanitaria, se fortalece a la COPRISEM como autoridad encargada de la vigilancia de establecimientos como mercados, rastros, funerarias, crematorios, instalaciones acuáticas, centros penitenciarios, gasolineras y comercio de alimentos en vía pública. Se establecen también los tipos de autorizaciones sanitarias como licencias, permisos y tarjetas de control, así como las medidas de seguridad que incluyen suspensión de trabajos, aseguramiento de productos y clausura temporal o definitiva.
Esta iniciativa ya fue mandada a la comisión de salud para su discusión y de aprobarse, el ejecutivo estatal tendrá un plazo de 180 días hábiles para expedir las disposiciones reglamentarias necesarias para su cumplimiento, de modo que los gastos que se generen se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias competentes, sin que esto implique cargas adicionales al erario público.
