Operativo Enjambre: Condenan a exalcaldesa de Amanalco por homicidio
La sentenciada ordenó el asesinato del síndico municipal y su chofer hace dos años
Ximena García
La ex presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue sentenciada por homicidio calificado luego de que se acreditó que ordenó el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, Jerónimo Roque.
Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2023, cuando ambas víctimas fueron interceptadas y baleadas mientras se desplazaban por el sur del Estado de México.
Tras el juicio, el juez determinó su responsabilidad penal y fijó para el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena de prisión que deberá cumplir.
El vehículo en el que viajaban fue localizado fuera del camino, dentro del municipio de Zacazonapan, con los cuerpos de ambos en su interior y múltiples impactos de arma de fuego.
Homicidios para mantener el control político
En el caso de Jerónimo Roque, las investigaciones establecieron que fue asesinado por acompañar al síndico durante el traslado.
A partir de actos de investigación, declaraciones y análisis del contexto criminal en la región, el Ministerio Público integró la carpeta que derivó en la sentencia condenatoria.
En el operativo participaron la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Avances del Operativo Enjambre
La Operación Enjambre inició en 2024 como una estrategia para investigar y procesar a servidores y exservidores públicos municipales presuntamente vinculados con delitos de alto impacto.
Hasta ahora, las acciones conjuntas han derivado en la detención de 60 personas investigadas.
De ese total, 16 han recibido sentencia condenatoria, correspondientes a 10 resoluciones judiciales, ya que en algunos casos los jueces emitieron fallos contra más de un implicado por hechos cometidos de manera conjunta.
Las investigaciones han documentado el uso de patrullas oficiales, la entrega de información sobre operativos y la protección a grupos criminales como parte de esquemas de colusión entre autoridades municipales y organizaciones delictivas.





























