Pese a tipificación, violencia vicaria queda impune en Edomex

Ximena García

Liz Portillo, integrante del colectivo y víctima, explicó que hasta ahora no han logrado que se abra una sola carpeta de investigación por ese delito. 

Las fiscalías siguen levantando denuncias de hechos y no permiten que las víctimas levanten cargos por violencia vicaria, a pesar de que ya está tipificada en la ley estatal.

‘Llegamos a instancias estatales y ellos dicen que no, que solamente se levanta como un documento de hechos. No hay castigo para el agresor, no hemos logrado esa parte por el lado estatal’, afirmó.

Relató que incluso después de sostener reuniones con una jueza federal, descubrieron que varias víctimas son canalizadas a la vía federal, bajo el argumento de que la ruta estatal no está habilitada. 

Esto ha provocado que las mujeres sigan en indefensión, sin acceso a la justicia ni a medidas de protección.

Cifras en aumento y estrategias dilatorias

De acuerdo con datos del Congreso local, en 2023 se registraron al menos 300 denuncias vinculadas a violencia vicaria en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; mientras que colectivos estiman que actualmente hay cerca de mil casos activos sin atención. 

Tan solo ‘Mamá Está Contigo’ acompaña 78 de ellos y otros 10 relacionados con violencia intrafamiliar.

En ese sentido, Portillo advirtió que además de la omisión institucional, los agresores han recurrido a la fabricación de carpetas para frenar la recuperación de la custodia de niñas y niños. 

‘Tenemos un caso donde una mamita fue acusada por violar a su propio hijo cuando no es cierto. Nos consta porque hemos investigado. Los agresores fabrican carpetas con tal de que se retrase todo el procedimiento en fiscalía y juzgados’, denunció.

Este tipo de represalias dijo, agrava la situación para las madres, quienes deben enfrentar procesos penales falsos al mismo tiempo que intentan recuperar a sus hijos. 

Algunas llevan hasta siete años sin contacto con ellos, dijo, pese a tener resoluciones pendientes en el ámbito civil.

Procesos estancados y sin acceso a los menores

Uno de los casos más representativos es el de la propia Portillo, quien lleva cuatro años sin ver a su hijo. 

Aunque cuenta con dictámenes psicológicos, testimonios, denuncias penales y civiles, su carpeta no ha sido judicializada. 

Denunció que el niño fue sustraído por el padre después de que se revelara un presunto abuso cometido por la abuela paterna.

‘Mi niño ya declaró porque se escapó un día. Actualmente llevo cuatro años queriendo judicializar la carpeta y no se ha hecho absolutamente nada. En el civil ya tienen todas las pruebas, ya nada más es cosa de que se dicte sentencia. Espero que sea este año’, relató.

A pesar de que el DIF municipal ha intentado realizar visitas al domicilio donde vive el menor, los familiares paternos han negado el acceso. 

La madre afirma que sólo ha sabido del paradero del niño por terceras personas, y que las autoridades no han actuado para garantizar su derecho a la convivencia.

Colectivos exigen aplicación inmediata de la reforma

Portillo señaló que el colectivo ya logró recuperar a 33 menores, en su mayoría hijos de mamás adolescentes, actuando con mayor rapidez que las autoridades. Pero reconoció que eso no debería recaer en las víctimas ni en los grupos ciudadanos.

‘Actuamos más rápido que la fiscalía, pero no puede ser que las propias familias te quiten a tus hijos, que el papá lo sustraiga y que no pase nada’, dijo.

‘Estamos en manos de autoridades que no hacen nada respecto a los menores ni a las mujeres que vivimos esto día con día. Esta lucha es diaria y no vamos a descansar hasta que cada mamá recupere a sus hijos’, concluyó.