La propuesta busca garantizar igualdad de oportunidades, inclusión efectiva y el acceso a empleos dignos para un grupo históricamente marginado.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa para establecer un cupo laboral mínimo del 5% para personas trans en plazas de base y del 1% en plazas de confianza dentro del Gobierno del Estado y Municipios.
En la exposición de motivos, le diputade Navarro destacó que, a pesar de que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución y los tratados internacionales, las personas trans enfrentan barreras estructurales desde edades tempranas, incluyendo la expulsión de sus familias, lo que las coloca en situaciones de vulnerabilidad social, educativa y económica, por lo que esta exclusión temprana limita su acceso a empleos formales, perpetúa ciclos de discriminación, desempleo y precariedad, y coloca a las personas trans en un alto riesgo de violencia.
El proyecto se fundamenta en el artículo primero de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar los derechos humanos sin discriminación, y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la identidad de género como un elemento constitutivo del libre desarrollo de la personalidad, el derecho al nombre y la privacidad.
Mencionó que datos recientes refuerzan la necesidad de esta acción, ya que según la Encuesta Nacional sobre Diversidad, Sexualidad y de Género (ENDISEG), la probabilidad de sufrir discriminación laboral aumenta en 36.9% para mujeres trans, 18.3% para hombres trans y 16.6% para población no binaria.
Asimismo, detalló que la tasa de desempleo de personas trans en México alcanza el 90%, y el CONAPRED documentó que entre 2012 y 2018, 77% de las quejas por discriminación hacia personas trans fueron contra particulares, mientras que 31% de las quejas laborales reflejan exclusión sistemática en empleos formales.
Para garantizar la efectividad del cupo laboral, la iniciativa propone la creación de un Registro Único de Aspirantes Trans, administrado por la Secretaría de Contraloría, y una Comisión de Seguimiento e Implementación, integrada por representantes del Congreso, órganos autónomos, municipios y la propia Contraloría. La comisión deberá supervisar la ocupación efectiva de las plazas, emitir informes anuales y garantizar que los procesos de selección y contratación sean inclusivos y libres de discriminación.
El proyecto también contempla capacitación especializada en perspectiva de género para las áreas de recursos humanos y selección de personal, así como el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las personas trans. Lo anterior permitirá que las personas incorporadas a la administración pública reciban mentoría, formación profesional y condiciones de estabilidad laboral, asegurando un entorno seguro, digno e inclusivo.
Asimismo, la iniciativa establece que los ascensos y la asignación de plazas vacantes tomarán en cuenta criterios de antigüedad, eficiencia y pertenencia a poblaciones históricamente vulneradas, priorizando la inclusión de personas trans.
Los transitorios del decreto indican que los poderes del Estado, municipios y organismos deberán adecuar sus sistemas de contratación en 180 días tras la publicación, y que la medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
