El partido tricolor señaló que la fiscalización efectiva no es un asunto partidista, sino una obligación institucional para asegurar que el presupuesto se traduzca en obras, mantenimiento y beneficios reales para la población.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó de manera formal la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los órganos de control estatal para realizar una auditoría integral a la Junta Local de Caminos del Estado de México, ante presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, contratos y procesos de adjudicación, tras un cúmulo de señalamientos que apuntan a opacidad, posible corrupción y nulos resultados en el mantenimiento de la infraestructura carretera estatal.
De acuerdo con su dirigente estatal, Cristina Ruiz Sandoval, la Junta de Caminos ejerce un presupuesto anual cercano a los 3 mil 200 millones de pesos; sin embargo, los resultados en conservación y rehabilitación de carreteras son prácticamente inexistentes.
En este sentido, legisladores del partido cuestionaron cómo, pese a contar con recursos de esa magnitud, persiste el deterioro de vialidades estratégicas en distintas regiones del estado, lo que afecta la movilidad, la seguridad vial y la actividad económica.
Entre los casos que motivaron la exigencia de auditorías, el PRI destacó la difusión de un video en el que aparece el exdirector de la Junta Local de Caminos, Mario Ariel Juarez Rodriguez, en compañía de un diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda lo que, afirmaron, refuerza la necesidad de investigar posibles conflictos de interés.
Asimismo, denunciaron la existencia de contratos presuntamente irregulares, como uno por 36.5 millones de pesos otorgado a una empresa que, según sus señalamientos, estaría vinculada al diputado Wblester Santiago.
El PRI también acusó que, tras hacerse públicas estas observaciones, se detectó la desaparición de información relevante del portal de transparencia de la Junta de Caminos, lo que consideran un indicio grave de opacidad y una posible violación a las obligaciones de acceso a la información pública.
Asimismo, la dirigente insistió en que esta práctica obstaculiza la rendición de cuentas y limita la posibilidad de que la ciudadanía conozca cómo y en qué se ejercen los recursos destinados a infraestructura carretera.
Además, el partido recordó que la ASF ha identificado adjudicaciones directas por más de 13 millones de pesos sin la debida justificación, por lo que exigió claridad sobre los criterios utilizados, los funcionarios que autorizaron dichos contratos y los beneficiarios finales. En este contexto, demandaron una investigación independiente que abarque contratos, autorizaciones, procesos administrativos y responsabilidades individuales.
El 19 de noviembre de 2025, esta Casa Editorial compartió los hallazgos de la ASF donde se mencionaba que la Junta de Caminos adjudicó dos contratos por excepción a la licitación pública por 13.8 millones de pesos sin fundamentar correctamente los criterios de conveniencia.
Los contratos identificados como SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-045-AD, de 4 millones de pesos para la “Construcción de red de alcantarillado y pavimento hidráulico en intersección de libramiento Oriente Tejupilco Sultepec y Glorieta Niños Héroes en Tejupilco de Hidalgo” y SMOV-JC-DIC-24-APAD-FISE-044-AD, por 9.8 millones de pesos para la “Rehabilitación de pavimentación a base de concreto asfáltico de la Avenida Guadalupe Posadas” fueron otorgados mediante adjudicación directa.
La ASF determinó que, si bien los dictámenes correspondientes disponían de un estudio, estos no fundamentaron correctamente los criterios de su conveniencia ni los supuestos específicos para establecer la excepción a la licitación pública, violando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Fiscal de la Federación.
Como resultado inmediato, el Órgano Interno de Control de la Junta de Caminos integró el expediente OIC/INVESTIGACIÓN/JCEM/OF/0008/2025 para investigar a fondo a los servidores públicos responsables de estas irregularidades en el proceso de contratación.
Por lo anterior el PRI sostuvo que la auditoría a la Junta de Caminos debe formar parte de una revisión más amplia al sector de movilidad e infraestructura del Estado de México, con el objetivo de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, sancionar posibles actos de corrupción y restablecer la confianza ciudadana.
